La ministra de Desarrollo Social y Familia, y encargada de la reconstrucción, Javiera Toro, detalló que el costo asociado al plan es de más de U $1.000 millones a ejecutarse en un plazo de 5 años.
Este jueves, se lanzó un curso de formación en derechos humanos sobre la materia. “Como Gobierno queremos avanzar en políticas públicas que fortalezcan la inclusión de los grupos históricamente marginados” destacaron.
El presidente Gabriel Boric anunció que la instancia buscará “coordinar” las labores de reparaciones y será presidida por el Ministerio de Desarrollo Social.
La ministra de Desarrollo Social y Familia coordinará las labores de reconstrucción en Viña del Mar y Quilpué tras la tragedia de los incendios forestales.
La titular de Desarrollo Social desestimó los reparos de organizaciones de diversidad sexual a aspectos del proyecto que lleva estancado una década en el Congreso. “Con las indicaciones que estamos introduciendo ponemos en el centro al niño”, dijo.
Se trata de la segunda instancia de este tipo, la primera se realizó el 2012 y entre sus recomendaciones destaca que cada diez años se conformará una nueva comitiva, para analizar índices como la pobreza por ingreso y la pobreza multidimensional.
En la instancia también participó la directora del Servicio de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia, Gabriela Muñoz; el seremi de Desarrollo Social y Familia de la región de Coquimbo, Eduardo Alcaya; y la directora regional del Servicio, Julia Sandes.
A esto se sumó la salida de Marco Antonio Ávila del Ministerio de Educación que asumió Nicolás Cataldo, hasta ahora subsecretario de Desarrollo Regional.
La autoridad abordó la restitución al Fisco del excentro de detención y torturas de Rocas de Santo Domingo para convertirlo en sitio de memoria. Destacó que en el 2013 el Ejército se retiró del lugar y destruyó las cabañas construidas durante la UP.
Esto debido a un incendio que presenta “comportamiento extremo, rápida propagación y focos secundarios en el lugar”.
La ministra de Bienes Nacionales se refirió a los desalojos que ha emprendido esta administración de terrenos fiscales ocupados de forma ilegal y al trabajo que se está realizando en materia de déficit habitacional.
Dentro de las alternativas se evalúa un camino jurídico que lleve a la entrega del inmueble a organizaciones humanitarias que esperan establecer ahí un sitio de memoria.
