Desde la CUT consideran que algunas de sus peticiones “se han estado tratando, pero no con la celeridad necesaria”. La reducción de la jornada laboral a 40 horas y el incentivo al retiro son parte de los proyectos que no se han materializado.
Como puntos centrales, los gremios proponen un incremento de remuneraciones con énfasis en ingresos mínimos y la recuperación del Bono de Término de Negociación.
Según señalaron en un comunicado, su objetivo para este año será “conducir una negociación que ponga como base la recuperación plena del poder adquisitivo perdido”.
El presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales emplazó a las autoridades a dar celeridad a medidas que mejoren las condiciones laborales de las y los trabajadores. “Nos falta ese desarrollo personal y hay un estancamiento”, expresó.
El coordinador de la Mesa del Sector Público y consejero nacional de la CUT fue enfático en señalar la importancia de que se gire “en una línea distinta” en miras de la recaudación pública.
El proyecto beneficia a 820 mil funcionarios públicos de la administración central y servicios financiados con recursos fiscales. Para los sectores que quedaron fuera del acuerdo inicial, se estableció un reajuste gradual en dos etapas.
El proyecto fue despachado al Senado y contempla bonos y aguinaldos de Navidad y Fiestas Patrias.
Médicos, dentistas, funcionarios judiciales y fiscales pidieron al Ejecutivo que no se les margine del reajuste salarial, ya que no será una buena señal considerando que la salud y la justicia han sido declaradas prioritarias por el gobierno.
El Ejecutivo y los trabajadores de la administración pública han ido acercando posiciones para el reajuste del año 2023. Desde las agrupaciones han flexibilizado su demanda original, pasando del 15% nominal a un 13,5%.
Insunza afirmó que, frente al reajuste real de 3%, esperan ver cuál es la disposición del gobierno, considerando el rol que tienen los funcionarios públicos respecto de las tareas que se han planteado el Ejecutivo de consolidar derechos sociales.
Una plataforma paralela a la Mesa del Sector Público conformaron Aefen, Cotrasam, Fentramuch; VTF Chile y Fenpruss ante la nula respuesta a sus solicitudes de integración la tradicional instancia de negociación entre el Gobierno y las organizaciones
La normativa contempla un alza de 6,1% nominal de las remuneraciones de los funcionarios y distintos bonos, cuyos montos serán pagados en enero de 2022. Sin embargo, quedó fuera el “Bono Covid”, propuesto por diputados de oposición.
El economista de la FEN de la Universidad de Chile, Víctor Salas, evalúo el guarismo en atención al fenómeno inflacionario. Una variable que a su juicio podría terminar en 7% de aquí a fin de año, razón por la cual sostuvo que a los trabajadores no se les está otorgando el 100 por ciento de reajuste de lo que es una inflación proyectada.
El coordinador de la Mesa del Sector Público, Carlos Insunza, sostuvo a nuestro medio que le han pedido al Ejecutivo iniciar las negociaciones lo antes posible para proteger la estabilidad laboral de los y las trabajadoras, sin embargo, no han obtenido respuesta.
A horas del inicio de las convocatorias anunciadas a nivel nacional, la presidenta de la CONFUSAM aseguró que las movilizaciones irán escalando mientras el Ejecutivo no comience con la negociación para el reajuste del año 2022.
El proyecto fue ingresado la mañana de este miércoles, y durante la tarde la Comisión de Hacienda comenzó su revisión para votarlo en general y en particular este jueves.
Hay movilizaciones programadas para este miércoles en Valparaíso, en dirección al Congreso, y este jueves en los distintos territorios locales del país.
