Los Movimientos sociales de Perú se preparan para marchar a Lima y exigir la renuncia de Dina Boluarte a quien responsabilizan de las muertes. En tanto, Amnistía Internacional afirmó que es “inaceptable la escalada de violencia”.
Congresistas del departamento de Puno emitieron un comunicado conjunto para exigir la renuncia de la Presidenta peruana después de los enfrentamientos registrados en la zona durante el fin de semana en la región.
La diputada de Juntos por el Perú señaló que si bien no hay un problema de origen con la llegada de Boluarte “desde el día uno ha caído en abusos, excesos, violencia y falta de legitimidad”.
La académica del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile analiza el escenario de incertidumbre y desequilibrio político que ha afectado a Perú en las últimas semanas.
Perú ya tiene nueva fecha para nuevas elecciones generales: abril de 2024. Sin embargo, los congresistas de izquierda piden que dicho proceso se adelante para 2023.
El fin de semana, la sede de la Confederación de Campesinos fue allanada por la Dirección Contra el Terrorismo y fueron detenidas más de 20 personas. RFI conversó con Mar Pérez de la Coordinadora de Derechos Humanos quien denuncia graves abusos.
Las entidades junto a organizaciones de migrantes entregaron una carta en la embajada en Santiago donde emplazan a las autoridades a regresar a las FF.AA. a sus cuarteles. La demanda fue compartida por Amnistía Internacional.
La dirigenta peruana expuso que ante las negativas parlamentarias, la mejor respuesta hacia la ciudadanía sería la renuncia de Dina Boluarte, algo que están empezando a reclamar cada vez más desde sectores amplios de la ciudadanía.
La canciller afirmó que el Gobierno está alerta sobre la estabilidad democrática del país vecino, a raíz de las 15 personas que han resultado muertas en el marco de las protestas. En ello informó que son 350 los chilenos varados en Perú.
El juez Juan Carlos Checkley determinó que sí existiría un peligro de fuga debido a que Castillo tiene diversas investigaciones en su contra, así como tiene un “brazo obstruccionistas”, por presunta desaparición de pruebas en su contra.
Según estimó la fiscalía en su requerimiento de prisión preventiva, el expresidente de Perú sería condenado a diez años de cárcel como mínimo por haber perpetrado un golpe de Estado el pasado 7 de diciembre.
Perú sigue viviendo una profunda crisis desde la destitución y arresto del expresidente Pedro Castillo el pasado 7 de diciembre. Sus simpatizantes continúan en la calle exigiendo su liberación, a través de protestas y tomas de carreteras.
