El organismo manifestó su inquietud por la proliferación de los discursos de odio que se han visto en las últimas semanas e interpeló al Estado de Chile a respetar y garantizar plenamente los derechos humanos como único camino para la paz social.
En un balance a dos años del 18-O, el Instituto Nacional de Derechos Humanos reportó que de las más de ocho mil denuncias de violaciones a los derechos humanos perpetradas en el marco de las manifestaciones sociales, menos del uno por ciento de ellas han concluido en condena.
El preámbulo del 18 de octubre fue escrito a pulso por los y las secundarias que instaron a la ciudadanía a saltar los torniquetes. Hoy con la Convención Constitucional instalada y funcionando, se avanza en el mecanismo que daría voz y voto a los mayores de 16 años para efectos de participar en los plebiscitos dirimentes.
Mientras el debate sobre este proyecto avanza en la Cámara Alta, también aparecen voces que acusan el uso de la prisión preventiva como una condena anticipada.
La profesional del derecho abordó el proyecto de indulto que se encuentra en el Senado y aclaró que “aquí no estamos hablando de delitos contra las personas, en ninguno de los casos”.
Con satisfacción recibieron los familiares de los detenidos la noticia del avance a la Sala del Senado del proyecto de indulto general a quienes se encuentran privados de libertad por hechos ocurridos en el contexto del estallido social. Desde el Gobierno, el subsecretario Galli criticó duramente a los senadores y los interpeló para dar explicaciones a la ciudadanía.
Los legisladores optaron por tres votos a favor y dos en contra seguir adelante con el proyecto para que éste sea revisado en la Sala del Senado. Los votos favorables se orientaron hacia la idea de utilizar esta normativa como mecanismo para lograr la paz social. El presidente de la Comisión, senador Pedro Araya, instó a la Sala del Senado a mejorar las fallas técnicas y determinar claramente si se trata de un indulto o una amnistía.
El presidente de la comisión de Constitución comentó las dificultades que implica el análisis de la iniciativa y criticó duramente la labor del Ministerio Público en materia investigativa. “Estoy absolutamente convencido que es necesaria una puesta a punto del sistema de persecución penal en su conjunto y eso implica una reforma estructural a cómo está funcionando hoy el Ministerio Público”, indicó.
La instancia seguirá en una nueva sesión de escucha durante la jornada de este jueves. Para el presidente de la Comisión, senador Pedro Araya es fundamental que se avance en la proposición de soluciones y reparaciones a las víctimas del estallido social y que se establezca la verdad histórica tanto de vulneraciones a los derechos humanos como de persecución penal política y daños patrimoniales.
