Mario Aguilar, Pdte. del Col. de Profesores, condenó el ataque con bomba molotov a un docente en el Instituto Nacional. Denunció que es “violencia por la violencia”, exigiendo políticas integrales para frenar la normalización de estas agresiones.
Dos funcionarios del Mineduc emitieron más de 5.500 certificados de estudio falsos y acumularon $360 millones en 3 años. Fueron formalizados por cohecho y lavado de activos, y quedaron en prisión preventiva.
Jaime Gajardo, defendió al ministro Cordero ante querella opositora por caso Bernarda Vera: calificó las denuncias de “poco serias, impresentables” y sin sustento jurídico, emplazando a condenados por DD.HH. a dar información.
Karina Riquelme, representante del hijo mayor de Julia Chuñil, cuestionó duramente al Ministerio Público por mantener a la familia en calidad procesal ambigua y por privilegiar líneas de investigación en su contra en vez de avanzar en la búsqueda.
Rocío Faúndez aseguró que la reducción de edad para la responsabilidad penal solo crea una “falsa sensación de seguridad”. En su lugar, destacó los avances del nuevo servicio, que ha aumentado los recursos para intervenciones socioeducativas.
Frente a las acciones judiciales presentadas por el Partido Nacional Libertario y el diputado Jorge Alessandri (UDI), el ministro de Seguridad y extitular de Justicia llamó a no “poner en entredicho” el Informe Rettig y el Plan Nacional de Búsqueda.
La medida fue solicitada por la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD) en contra de la productora Redeyes, a la que acusa de incumplir por más de diez años el pago de derechos de autor correspondientes a los shows que organiza.
Un acuerdo entre la Fundación Arturo López Pérez y la Asociación Chilena de Municipalidades tiene el objetivo de promover la prevención y atención integral de esta enfermedad, que es la principal causa de muerte de las mujeres del país.
Desde La Moneda, el Mandatario aseveró que “nadie puede ser indiferente cuando desaparece una persona”. “Exigimos que se sepa toda la verdad “, subrayó sobre el caso de la defensora ambiental mapuche.
La parlamentaria e integrante de la Comisión de Hacienda sostuvo que, según lo señalado por el republicano, “no dan las cifras”. Además, aseguró que ajustes así requieren “costos muy altos” que podrían afectar áreas como educación o salud.
La cifra llegará al -2,2%, lo que la distancia de la proyección de -1,6%. De todas maneras, el ministro Nicolás Grau destacó la disminución en el crecimiento del gasto público, pues estaría “más en línea con las capacidades efectivas del país”.
La directora de Londres 38 y representante de sitios de memoria criticó las limitaciones del Plan Nacional de Búsqueda. Apropósito del caso de Bernarda Vera, llamó a los parlamentarios de oposición a no aprovecharse de la situación.
El académico advierte que la falta de quórum que permitió que Antonio Ulloa mantuviera su cargo, pese a sus vínculos con el caso Hermosilla, envía un mensaje de impunidad y fractura la credibilidad del Poder Judicial.
El director del INDH, Yerko Ljubetic, aseguró que el organismo fiscalizará que el Estado cumpla con la orientación entregada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de redoblar los esfuerzos en la búsqueda de la defensora ambiental.
Ante los dichos de los presidenciables Johannes Kaiser y José Antonio Kast, el director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile acusó que hay autoridades “que buscan cada oportunidad para demostrar que no creen en los derechos humanos”.
El director ejecutivo de la organización de derechos humanos, Rodrigo Bustos, calificó los antecedentes recientemente revelados como “tremendamente graves” y señaló que el Estado de Chile debe redoblar los esfuerzos en la indagatoria judicial.
De acuerdo al reporte de la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas, la acumulación de agua en los embalses entre las regiones de Atacama y Ñuble es la que permite asegurar su disponibilidad.
