El director del Servicio de Migraciones abordó la entrada en vigencia de la Política Nacional de Migraciones del Gobierno, así como las estimaciones de extranjeros residentes en Chile, los que alcanzaron más de un millón seiscientas mil personas.
Luego de entregar 187 vehículos policiales que serán distribuidos en 93 comunas del país, el Mandatario defendió el trabajo de los uniformados así como también la estrategias que ha adoptado el Gobierno en este ámbito.
Pese al respaldo del Ejecutivo a la alianza público-privada que se extenderá hasta 2060, expertos repararon en la falta de expertise de la estatal en la industria del mineral no metálico y en la capacidad de recaudación para políticas públicas.
Mientras el titular de la Segpres recalcó que la cifra es mayor que “todos los gobiernos anteriores desde que recuperamos la democracia”, el diputado Sauerbaum (RN) espera que el Gobierno “más que grandes números, tenga soluciones concretas”.
Diputados de oposición reconocieron que el convenio es una buena noticia para el país, pero advirtieron que “hay que verlo con mucha cautela”. Además, llamaron a aumentar la colaboración pública-privada para evitar las “ineficiencias” del Estado.
La parlamentaria y ex ministra de la Mujer enfatizó en la importancia de este grupo de la población en los procesos electorales, y en cómo su participación incidió en el triunfo del “En contra” en el pasado plebiscito constitucional.
El requerimiento ocurre luego de reiteradas sanciones a la colectividad por no justificar el destino de los recursos públicos obtenidos, en el plazo establecido según la Ley de Partidos Políticos, con multas cercanas a 24 millones de pesos.
La diputada señaló que no ve el resultado del plebiscito como una gran derrota para su sector. Así, destacó que el proceso eleccionario asentó “el nuevo pacto de Chile Vamos”, pero dejó definiciones pendientes para la Unión Demócrata Independiente.
Ad portas de la discusión de la reforma previsional en enero, diputados del sector reconocieron “estar lejos” de llegar a un acuerdo con el Gobierno. Mientras, desde el oficialismo llamaron a traducir las señales de la derecha en “actos concretos”.
El jefe del Minvu ya hizo llegar su respuesta al libelo acusatorio, por tanto, la instancia cuenta con un plazo de seis días para pronunciarse. En una carrera contra el tiempo, la comisión sesionará hasta el miércoles 3 de enero.
El Jefe de Estado destacó que la iniciativa cumple con el “anhelo” de las comunidades universitarias tras el fin de la dictadura. Son trece las instituciones que actualizan su normativa, mientras que el próximo año se sumarían otras dos.
El economista aseguró que el Gobierno y el Congreso tienen un estrecho margen para trabajar. “Las elecciones de todo tipo llevan a separar aguas más que a juntar y para llegar a un acuerdo en pensiones se requiere acercamiento”, planteó.
La instancia escuchará a expertos de derecho constitucional para que expongan sobre el aspecto formal de la acusación. Entre los invitados se encuentran el profesor en derecho administrativo, William García y el expresidente del TC, Iván Aróstica.
Luego de esta decisión, la Defensoría Penal Pública informó que ingresará un recurso de amparo el próximo 2 de enero que buscará que el traslado quede sin efecto y siga en la cárcel de Copiapó.
La propuesta iría en ayuda de sectores y comunas más afectadas por el crimen organizado “abordando áreas críticas en homicidios, robos violentos, secuestros y otros delitos generadores de alta percepción de inseguridad en la ciudadanía”.
El analista político indicó que el Partido Republicano tiene dos flancos que resolver de cara a sus pretensiones electorales apuntando a la intención de la derecha tradicional de ampliar su coalición y al factor Rojo Edwards.
El senador Moreira (UDI) instó a su coalición a “no más seguirle el juego a Republicanos”. Mientras que, el diputado Guzmán (Evópoli) pidió que se deje de insistir con los que imponen “su visión de Chile a otros y no han logrado sintonizar”.
