“Es una falta de respeto a la lucha que hemos dado, cuando dicen que se van a cumplir la pena en la casa y forzar la impunidad y no responder a los crímenes atroces”, dijo la dirigenta, sobre la IPN ingresada en el Consejo Constituyente.
Desde Chile Vamos emplazaron a la Fiscalía a acelerar la investigación que involucra al ministro RD. El ministro de Justicia pidió dejar trabajar a la Fiscalía y evitar interpretar estos hechos “bajo códigos de la política”.
La ministra vocera, Camila Vallejo, señaló que para ser asesorado, el Ejecutivo no tiene que esperar la aprobación de una ley. En tanto, el presidente de Comunes, Marco Velarde, argumentó que la comisión solo va a proponer medidas.
El recinto que funciona actualmente como centro de menores de edad se transformará gradualmente en un sitio de memoria.
En su primera sesión, los miembros de la instancia convocada por el Presidente Boric, acordaron los mecanismos de trabajo y la invitación a diferentes actores para evaluar la situación de tierras y fórmulas para buscar un acuerdo en la Macrozona Sur.
La vocera de Gobierno apuntó a la facilidad que tuvieron los sujetos que ingresaron a las dependencias de la secretaría de Estado que encabeza Giorgio Jackson. “Van a haber acciones legales”, adelantó.
El líder de la multigremial, Ricardo Mewes, solicitó más tiempo para realizar “propuestas serias” a la reforma tributaria, pese a que desde La Moneda esperan ingresar el proyecto por el Senado a fines de este mes.
El mandatario respondió a quienes lo han criticado por valorar “la figura internacional, profundamente democrática de Allende”. Además, aclaró que el objetivo del Gobierno es hacer de la conmemoración del golpe un encuentro “sin verdades oficiales”.
La autoridad calificó como “sospechoso” este ilícito ocurrido en dependencias de la cartera de Desarrollo Social y aseveró que en relación a la investigación del caso Convenios “tenemos respaldos de la información”.
El académico de la Universidad de Santiago si bien realizó una evaluación positiva sobre el encuentro entre autoridades europeas y latinoamericanas, cuestionó el tratamiento del conflicto ruso-ucraniano como uno de los temas destacados en la cita.
El proyecto de acuerdo presentado por la oposición, autoriza a los legisladores a recurrir al TC para alegar los vicios de constitucionalidad, ya que consideran que incide en una materia que debe ser discutida en el Congreso Nacional.
El representante socialista manifestó su preocupación ante la posibilidad de caer en una eventual degradación democrática, por lo que dijo tener esperanzas de que el resto de los sectores políticos rectifiquen el rumbo de la discusión constitucional.
Miles de ciudadanos se movilizaron en todo el país y exigen la renuncia de Dina Boluarte, adelantar las elecciones y Asamblea Constituyente. Amnistía Internacional afirmó que “ninguna persona debe morir en el contexto de la represión estatal”.
El diputado además se refirió a la propuesta del Ejecutivo que permite que el ente estatal encargado de pagar a los jubilados, pueda licitar parte de sus tareas a privados. “Es algo que hay que analizar con mucho cuidado”, advirtió.
Representantes de universidades y de organizaciones de la sociedad civil plantearon sus observaciones para incidir en la propuesta constitucional a propósito del proceso de participación ciudadana que culminará el próximo 21 de julio.
A través de un consejo asesor las autoridades buscan realizar cambios a las normativas de las instituciones en beneficio de los estudiantes. “Hay presiones que no las tenemos bien diseñadas en los ciclos formativos”, afirmó el subsecretario Orellana.
Parlamentarios del sector buscan un acuerdo del Senado para recurrir ante el Tribunal Constitucional. El ministro de Justicia, Luis Cordero, dijo que el argumento es erróneo y que de prosperar tiene pocas posibilidades de ser acogido en el TC.
