La denuncia interpuesta planteó que “algunas de las personas relacionadas de algún modo con la Fundación Democracia Viva” son afiliados a RD y se encuentran siendo “objeto de investigación por los órganos internos de nuestro partido”.
El periodista y co-autor del informe “Más amplitud, más voces, más democracia”, enfatizó que no se puede acusar a una comisión como esta de un sesgo ideológico cuando aun no se sabe quiénes la van a integrar y cuáles serán sus alcances y límites.
Desde el Alto Biobío, el Presidente habló sobre los casos de corrupción y afirmó que “es inaceptable, una fundación recién creada, que no tenía experiencia en la materia, por ahí no hay por dónde, que eso no siga pasando”.
La solicitud la realizaron luego que la Sociedad Interamericana de la Prensa expresara su preocupación por una eventual “tentación de caer en modelos de censura” a raíz del trabajo de la futura instancia anunciada por el Ejecutivo.
El representante legal de la fundación Democracia Viva y expareja de la diputada Catalina Pérez, puso a disposición del Octavo Juzgado de Garantía todos sus dispositivos electrónicos y el acceso a sus cuentas bancarias.
El jefe de la bancada de diputados de RN sostuvo que no se ha llegado a acuerdo y que de votarlo en las condiciones que está, sencillamente lo rechazarían. Eso sí, confirmaron su asistencia a la reunión convocada por el Ejecutivo por este tema.
El tribunal de alzada rechazó la solicitud de levantar la medida cautelar hecha por su defensa. El ente judicial estimó que se dan por acreditados los hechos que llevaron a la jueza a dejarlo privado de libertad mientras dura la investigación.
El Ejecutivo abordó con la Sociedad Nacional de Agricultura los daños en la infraestructura hídrica y vial. Tanto el ministro Esteban Valenzuela como desde la SNA descartaron un aumento de precios en frutas y hortalizas por el evento meteorológico.
El ministro de Hacienda sostuvo que “el potencial de generación de mayores ingresos fiscales a través del crecimiento y ganancias de eficiencia no es suficiente para financiar dichos gastos en las magnitudes y plazos requeridos”.
Respecto de las consecuencias del escándalo de Democracia Viva en el debate tributario, el senador del PC afirmó que “soy partidario de terminar todos los convenios suscritos entre el MINVU y fundaciones privadas”.
El presidente de la colectividad, Juan Ignacio Latorre, señaló que “cualquier delito cometido por algún militante de Revolución Democrática (…) no van a tener cabida en nuestro partido”. Además, criticó a quienes piden la salida del ministro Montes.
El ministro de Vivienda sostuvo que están evaluando la eventual vinculación de funcionarios públicos con las entidades relacionadas al trabajo con campamentos, precisando que el doble pago es un delito que debe ser determinado por la justicia.
El diputado Daniel Manouchehri respaldó la gestión del titular de Vivienda. Por otro lado, el parlamentario por la Región de Antofagasta, Jaime Araya, sostuvo que este caso complica el futuro de la discusión sobre la reforma tributaria y previsional.
La vocera destacó que el Gobierno “no puede actuar de cierta manera cuando se trata de casos del sector del frente y de otra cuando se trata del sector propio, porque en cuanto al uso de recursos y de funciones públicas hay que asegurar la probidad”.
Sin embargo, desde las pequeñas y medianas empresas no existe una posición única respecto del tema. Gremios como la Conapyme, están más alineados a la postura de la CPC y la Sofofa.
Los ediles de Temuco y Lumaco aseguraron que la restitución de tierras al pueblo mapuche debe ser vista como un problema de Estado y no como responsabilidad de una administración en particular.
El mandatario señaló sentirse indignado por la situación que envuelve al Ministerio de Vivienda y la Fundación Democracia Viva. “Quiero dar la señal que acá no habrá ningún tipo de defensa corporativa a nadie”, afirmó el jefe de Estado.
