Los diputados que respaldaron el libelo fueron Agustín Romero (Republicanos), Gastón Von Mühlenbrock (UDI), Ximena Ossandón (RN) y Juan Fuenzalida (UDI). La acción solo contó con el voto en contra de Patricio Rosas (FA).
El llamado desde la derecha hacia los partidos de centro ha sido que los “compromisos se cumplan tal como se habló” y a no ceder a “presiones de la izquierda”. Todo, en miras a un eventual “acuerdo parlamentario” a futuro.
Mostrar una actitud proactiva y no extender las consecuencias de ProCultura hasta el punto que impacte en las presidenciales, son parte de los factores. “Sería una decisión no solamente valorada por la ciudadanía”, dijo el diputado Santana (PS).
Según la defensa, el libelo se basa en una interpretación errónea de la Constitución al invocar una norma de resguardo del orden público que dejó de regir desde la creación del Ministerio de Seguridad. La Cámara Baja vota el texto este martes.
A menos de 48 horas de que se pronuncie la Cámara Baja, la derecha resiente anuncios de ausencias junto a descuelgues del sector, mientras que desde el denominado centro político aún no notifican su postura final.
Julio Salas defendió el proyecto de fraccionamiento pesquero, ya que fue discutido pesquería por pesquería de manera pública. Además, dijo que desde el Ejecutivo “siempre van a tener la posibilidad de hacer efectiva la responsabilidad política”.
Hasta diciembre de 2024, Chile Transparente detectó una implementacion de un 51% de las propuestas, donde cambios estructurales como el proyecto que crea el Registro de Beneficiarios Finales se encuentran paralizados en el Congreso Nacional.
El ministro de Seguridad destacó que el caso ProCultura ejemplifica la importancia de que “el sistema político mantenga la distancia adecuada para el funcionamiento sano de las instituciones, cuando conviene y cando perjudica”.
La UDI exigió al fiscal Ángel Valencia que la decisión sea reconsiderada “de manera inmediata”, mientras RN la tildó de “una señal negativa”. El diputado y querellante en la causa, Andrés Celis, solicitará “las motivaciones” de la determinación.
La decisión del fiscal nacional Ángel Valencia se produce luego de que escuchas telefónicas a Josefina Hunneus fueran consideradas ilegales. La causa será asumida ahora por la Fiscalía Regional de Antofagasta.
El Mandatario Gabriel Boric señaló sobre el Caso Procultura que el respeto al Estado de Derecho no sirve si solo son “declaraciones de buenas intenciones”.
El libelo plantea la responsabilidad constitucional del delegado por no cumplir con sus obligaciones en el resguardo del orden público, en el marco del partido entre los clubes de fútbol profesional Colo-Colo y Fortaleza en el Estadio Monumental.
El académico de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA apuntó a la existencia de una “batalla ideológica” desatada por Milei en contra de la cultura argentina, añadiendo que, con esto, busca “destruir la noción de Estado”.
El parlamentario criticó la actitud de la autoridad de no aplicar medidas para terminar las plataformas de juego en línea que funcionan fuera de la ley, como lo ha planteado incluso la Superintendencia de Casinos y Juegos.
La socialista declarará como imputada ante el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, quien lidera la indagatoria penal del frustrado proceso de adquisición, en el que se pesquisa el eventual delito de tráfico de influencias y fraude al fisco.
El parlamentario tildó de confusa la participación del titular de Economía en el debate. No obstante, tomó distancia de las peticiones de renuncia y llamó a no perder la perspectiva sobre el proyecto, que calificó como la “reforma agraria del mar”.
En su defensa, advirtió que los acusadores “invocan erróneamente la causal de infracción a la Constitución, confundiéndola con la causal de infracción a las leyes”. Además, explicó la decisión de no suspender el partido de Colo Colo y Fortaleza.
