Sindicato demanda a la empresa por no respetar acuerdos pactados en contrato colectivo y anexos de contratos, para dar garantías de transformación laboral de las y los trabajadores, en plan de reconversión.
El coordinador de la Mesa del Sector Público, Carlos Insunza, sostuvo a nuestro medio que le han pedido al Ejecutivo iniciar las negociaciones lo antes posible para proteger la estabilidad laboral de los y las trabajadoras, sin embargo, no han obtenido respuesta.
El presidente de la Federación de Sindicatos de Metro y Secretario General de la CUT abordó los insumos y reflexiones que el mundo sindical llevó a la Convención Constitucional. El objetivo es establecer “el paradigma normativo del trabajo decente” que contemple el derecho a huelga, a la negociación colectiva ramal y el derecho a la sindicalización autónoma.
Según el dirigente de la Coordinadora Nacional por las 40 horas Marco Delagado, la legisladora no ha tenido voluntad para colocar en tabla la iniciativa en la comisión de Trabajo. La idea coincide además con la de cierre del comercio a las 19 horas.
Hasta total despacho se deberá discutir este jueves el proyecto de ley que ha sido blanco de criticas por parte de la oposición en cuanto no impulsa la recuperación del desarrollo y de la economía del país. Asimismo, se ha reclamado al Gobierno su poca iniciativa para ingresar indicaciones que dinamicen el proceso de negociación.
Frente a ese escenario la presidenta del Senado, Ximena Rincón aseguró que se propondrá al Comité Parlamentario votar el cuarto retiro este próximo martes nueve de noviembre.
El acuerdo contempló el compromiso de los ministerios de Economía y de Obras Públicas para erigir una caleta permanente en la capital regional. Del mismo modo, se acordó levantar una mesa de trabajo para evaluar una reparación económica por los perjuicios provocados a los trabajadores y sus familias.
Los representantes de Conadecus y Odecus señalaron que la concentración de la industria de los centros comerciales deviene en un perjuicio para la sostenibilidad de las Pymes y repercute en los bolsillos de los consumidores.
Este jueves funcionarios de la Armada cercaron las inmediaciones del muelle para soslayar las protestas, lo que agudizó el descontento de los pescadores artesanales.
El líder de la Agrupación de Empleados Fiscales indicó que el 7,5% de reajuste propuesto por la mesa del sector público al Gobierno, busca recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores estatales. Además, criticó la represión de la que fueron objeto la tarde de este miércoles y el que se les intente comparar con las condiciones de los trabajadores del sector privado.
Dentro de las trabajadoras y trabajadores detrás de esta demanda, están quienes se desempeñan en supermercados, farmacias, retails, centros comerciales de todo el país, comida rápida y patios de comida.
El presidente del organismo, Joaquín Cortez, explicó que un nuevo anticipo repercutirá en el patrimonio de las compañías de seguro, lo que no significa el quiebre ni la insolvencia para efectos de pagar el retiro.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos en colaboración al Instituto Danés de Derechos Humanos documentaron los impactos de la industria salmonera chilena desde una perspectiva de derechos humanos con la finalidad de sensibilizar a diferentes actores sobre los principios rectores de la ONU.
En la Comisión de Constitución de la Cámara alta, el Ejecutivo junto a Osvaldo Macías de la Superintendencia de Pensiones (SP) aseguraron que el proyecto que evalúa el Congreso aumentará la presión inflacionaria, repercusión que heredará el próximo gobierno.
El senador socialista sostuvo que el fracaso del Ejecutivo ante la prometida reforma al sistema de las AFP, sumado a los retiros del 10 por ciento efectuados por autoridades de gobierno, lo han llevado a abrirse a la discusión para la aprobación del proyecto de ley.
Según los dirigentes de los hospitales, no han llegado remesas extraordinarias bajo el concepto del Covid-19 por lo que este 2021 se ha trabajado con el presupuesto de siempre.
La Central Unitaria de Trabajadores apuntó a que la normativa “no tiene piso” para que se cumplan los derechos de los trabajadores, lo que ha significado un detrimento en costos operacionales, técnicos y de organización sindical.
