La Comisión de Ética de la Cámara de Diputadas y Diputados sancionó a toda su bancada con el 6% de su dieta por vincular al ex ministro de Desarrollo Social con el robo que afectó a dependencias de esa cartera.
El exministro acusa a los parlamentarios de injurias respecto de su vinculación en el Caso Convenios, así como en el robo de computadores en el Ministerio de Desarrollo Social.
La jefa de la Dipres es acusada de aprobar la ejecución presupuestaria que involucró un traspaso de $629 millones a la Fundación Pro Cultura. La oposición también señala que flexibilizó los requisitos para que las fundaciones se adjudicaran fondos.
El abogado del exministro descartó una nueva citación a declarar y anticipó querella por calumnias contra diputados republicanos. En tanto, el Ministerio Público precisó que la investigación aún no ha terminado.
La Fiscalía lleva adelante una serie de diligencias que involucran a dos actuales y una exautoridad de Gobierno. Este viernes será el turno de la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, acusada de aprobar los fondos de fundación Pro Cultura.
También está citado para esta jornada el ex ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson. Cabe destacar que las audiencias se enmarcan en una ampliación de querella interpuesta en agosto del 2023 por dos diputados del Partido Republicano.
Los hechos se dan en un momento crítico para el jefe de asesores del Segundo Piso luego de que en entrevista con La Tercera, el ex seremi Carlos Contreras acusara que “efectivamente Crispi le omitió información al Presidente (Boric)”.
El diputado del Partido Socialista se desligó del comunicado que entregó la colectividad sobre las acciones legales emprendidas por el exministro, tildándolo de “un error”. Además. llamó a la unidad entre las fuerzas políticas del oficialismo.
El legislador socialista aseguró estar con la tranquilidad “de mostrarle al país que tengo mis manos absolutamente limpias a diferencia de muchos otros” ante la acción legal del exministro y dijo esperar que no sea “una estrategia para silenciarme”.
La vocera de La Moneda emplazó a no hacer juicios apresurados sobre el tema ya que se trata de un procedimiento normal. Desde la oposición cuestionaron que se mantenga a la directora de presupuestos en el cargo, una de las llamadas a declarar.
Según consignó El Mercurio, la Fiscalía de Antofagasta resolvió a favor de diversas diligencias solicitadas mediante una ampliación de querella, ingresada en agosto, por los diputados republicanos Cristián Araya y Juan Irarrázaval.
A esto se sumó la salida de Marco Antonio Ávila del Ministerio de Educación que asumió Nicolás Cataldo, hasta ahora subsecretario de Desarrollo Regional.
