Los legisladores solicitaron “el detalle de las conclusiones a las que ha llegado la Comisión Antidistorsiones” y desde el Ejecutivo sostuvieron que “no se pueden entregar antecedentes antes que se emita el informe final del organismo”.
El objetivo de este periodo, que estará abierto por 60 días, es que empresas privadas expresen su interés en alguno de los 26 salares que el Estado puso a disposición de los inversionistas.
La resoluciones apuntan a solicitar al Presidente Gabriel Boric tomar medidas inmediatas de protección a la industria acerera, como también a mejorar la diversificación de la matriz productiva y revalorar la producción nacional.
Los trabajadores afirmaron que seguirán movilizados y agradecieron el apoyo “vital” por parte de los portuarios de Talcahuano, quienes amenazaron con frenar eventualmente las descargas del material ante esta crisis.
Desde la zona ven con preocupación la afectación a la economía y el empleo que traerá esta decisión. En tanto, el ministro de Economía, Nicolás Grau, sostendrá reuniones con los directivos de la empresa para evitar el cierre temporal.
La iniciativa busca implementar un plan de trabajo enfocado en la gobernanza, un modelo de negocio y una estrategia comercial sostenible para este tipo de organizaciones. El proceso se extenderá hasta el 28 de marzo.
El director del INE, Ricardo Vicuña, detalló que como medida de seguridad, los censistas no entrarán a los hogares. Por su parte, la jefe del proyecto, Macarena Alvarado, invitó a la población a revisar el cuestionario con anticipación.
El encuentro, que tuvo lugar en el departamento del exalcade, Pablo Zalaquett, no fue registrado en la plataforma de transparencia. Por ello, parlamentarios de oficialismo y oposición han pedido a los ministros que den detalles de la cita.
El titular de Hacienda sostuvo que “la economía continúa en una trayectoria de reducción de la inflación, de estabilización de la economía, de inicio de la reactivación y así lo iremos viendo en las cifras de los meses siguientes”.
De acuerdo a la propia empresa y la Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas, la crisis de la compañía de acero se debe a distorsiones del mercado, generadas, a su vez, por productos importados de Asia.
Los trabajadores exigen se termine el proyecto de Aguas Pacífico ya que no cuenta con los permisos para desarrollar los trabajos. Además, demandan la salida del ministro de Economía, Nicolás Grau, como interlocutor con la comunidad.
Entre ellas se encuentran el monotributo para los dos primeros años de funcionamiento de las empresas, beneficios a través del IVA y un conjunto de acciones para que las pymes pasen del régimen integrado al transparente.
