Asimismo, la autoridad remarcó que “acá se aprovechó de una grieta que existe en el sistema institucional para sacar recursos para financiar supuestos proyectos que no valían lo que se estaba pagando por ellos”.
La iniciativa de los parlamentarios precisa que quién falte a la verdad “será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio e inhabilitación absoluta perpetua para cargos u oficios públicos”.
Desde Comunes, Marco Velarde reconoció que existen diferencias entre el Socialismo Democrático y el FA, pero aseguró que siempre defenderá a los funcionarios de Gobierno. Desde el Ejecutivo, llamaron a “pasar de las controversias a las soluciones”.
El titular de vivienda solicitó la dimisión de uno de sus hombres de confianza, Ricardo Trincado, quien fue cuestionado en el marco del “Caso convenios” por no advertir las irregularidades de la Fundación Democracia Viva.
En la ceremonia se reunió con el presidente de RD, Diego Vela, y militantes del partido ligados al Gobierno como la directora de Presupuestos (Dipres), Javiera Martínez y el jefe del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi.
El presidente de la CEI del “Caso convenios”, Jose Miguel Castro, fue más allá y declaró que “como no podemos cambiar al Presidente de la República, obviamente tiene que haber un cambio de gabinete serio”.
Montes ya instruyó al actual seremi de Vivienda de la región investigar la existencia de algún registro sobre el documento. En tanto, Vallejo acusó que la declaración de Carlos Contreras se ejecuta en el marco de una “estrategia jurídica”.
Las afirmaciones de Carlos Contreras dejan en entredicho las declaraciones del jefe del Segundo Piso de La Moneda, quien sostuvo que conoció el caso a través de “un rumor”. “Eso es mentir”, acusó el diputado José Miguel Castro (RN).
El diputado lamentó el rechazo de recursos a sitios de memoria y afirmó que la partida “nunca tuvo mayor objeción, salvo ahora que existe una posición muy radical”. Por otro lado, el parlamentario valoró la suspensión temporal de los SLEP.
Esta tarde la comisión especial investigadora de este caso se reunirá para definir las conclusiones y recomendaciones luego de tres meses de trabajo. De acuerdo al presidente de la comitiva, hay informes muy “disímiles” que “no se pueden aunar”.
La exrepresentante de Chile en Reino Unido, Susana Herrera, demandó al fisco por cerca de $190 millones de pesos. Además, pidió disculpas públicas con notificación a la monarquía británica.
Hermosilla defendía desde octubre a Crispi en la causa que lleva a cabo la Fiscalía por su rol cuando estuvo a cargo de la Subsecretaría de Desarrollo Regional en el marco del Caso Convenios.
Las diputadas aseguraron que presentarán el libelo la próxima semana y que ya cuentan con las diez firmas necesarias. Pero, las bancadas de la UDI, RN, Evópoli y republicanos no respaldarán la acusación hasta tener “todos los antecedentes a la mano”.
La ministra vocera de Gobierno destacó que la derecha ha presentado “obstáculos en reforma de pensiones, en pacto fiscal, en agenda de seguridad e incluso en el Caso Convenios, porque todo se centra en pedir la cabeza de ministros”.
Los senadores Juan Luis Castro (PS) y Manuel José Ossandón (RN) pusieron en entredicho la tesis respecto a que el informe de Contraloría sobre los traspasos de recursos a Gobiernos Regionales y fundaciones radica en una “brecha institucional”.
El titular de Vivienda y Urbanismo abordó las últimas declaraciones de la diputada Catalina Pérez en relación al caso de Democracia Viva. Además, dijo que tiene indicios de que situaciones similares pudieron repetirse a finales del gobierno anterior.
El titular de Vivienda reflexionó sobre las medidas que pudo haber adoptado al asumir la cartera y reconoció que no se tuvo “consciencia”. Por lo demás, descartó cobrar costos a los seremis, pero sí a las fundaciones en su relación con el Minvu.
