En el libelo se acusa de “graves actos de corrupción” al interior del Minvu, debido a la serie de convenios irregulares entre entidades estatales y fundaciones que se empezaron a conocer el pasado 16 de junio con el caso Democracia Viva.
El jefe de bancada de republicanos, Agustín Romero, sostuvo que el proceso contra el titular de Vivienda se iniciará porque “el Gobierno no ha tomado ninguna decisión al respecto -del Caso Convenios- y la situación sigue siendo insostenible”.
Guillermo Chahuán, actual abogado del jefe de asesores del segundo piso de La Moneda, explicó que su representado “tiene la calidad de imputado porque el Partido Republicano presentó una querella en su contra” y no “por una decisión de la Fiscalía”.
El académico de la U. de Santiago señaló que de no haber corrupción, los hechos igualmente no pasarían la “criba” del Frente Amplio que se construyó con un discurso contra los 30 años de corrupción política. “La doble moral es el tema central”, dijo.
La vocera de Gobierno destacó que “esto tiene que llegar a todas las consecuencias, caiga quien caiga”. Minutos después de la detención del representante legal de Democracia Viva, el ex seremi de Vivienda, Carlos Contreras, también fue arrestado.
El secretario general del Partido Socialista aseguró que la colectividad no se ha visto golpeada por la crisis. En cuanto a posibles escenarios tras el plebiscito, descartó impulsar un proceso constitucional en caso de que gane la opción En contra.
De acuerdo a La Tercera, el fiscal Cristián Aguilar indaga a Verónica Serrano por apurar la firma de convenios con fundaciones para, según ella, cumplir con la ejecución presupuestaria del programa que encabezaba en esa época.
Asimismo, la autoridad remarcó que “acá se aprovechó de una grieta que existe en el sistema institucional para sacar recursos para financiar supuestos proyectos que no valían lo que se estaba pagando por ellos”.
La iniciativa de los parlamentarios precisa que quién falte a la verdad “será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio e inhabilitación absoluta perpetua para cargos u oficios públicos”.
Desde Comunes, Marco Velarde reconoció que existen diferencias entre el Socialismo Democrático y el FA, pero aseguró que siempre defenderá a los funcionarios de Gobierno. Desde el Ejecutivo, llamaron a “pasar de las controversias a las soluciones”.
El titular de vivienda solicitó la dimisión de uno de sus hombres de confianza, Ricardo Trincado, quien fue cuestionado en el marco del “Caso convenios” por no advertir las irregularidades de la Fundación Democracia Viva.
En la ceremonia se reunió con el presidente de RD, Diego Vela, y militantes del partido ligados al Gobierno como la directora de Presupuestos (Dipres), Javiera Martínez y el jefe del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi.
El presidente de la CEI del “Caso convenios”, Jose Miguel Castro, fue más allá y declaró que “como no podemos cambiar al Presidente de la República, obviamente tiene que haber un cambio de gabinete serio”.
Montes ya instruyó al actual seremi de Vivienda de la región investigar la existencia de algún registro sobre el documento. En tanto, Vallejo acusó que la declaración de Carlos Contreras se ejecuta en el marco de una “estrategia jurídica”.
Las afirmaciones de Carlos Contreras dejan en entredicho las declaraciones del jefe del Segundo Piso de La Moneda, quien sostuvo que conoció el caso a través de “un rumor”. “Eso es mentir”, acusó el diputado José Miguel Castro (RN).
El diputado lamentó el rechazo de recursos a sitios de memoria y afirmó que la partida “nunca tuvo mayor objeción, salvo ahora que existe una posición muy radical”. Por otro lado, el parlamentario valoró la suspensión temporal de los SLEP.
Esta tarde la comisión especial investigadora de este caso se reunirá para definir las conclusiones y recomendaciones luego de tres meses de trabajo. De acuerdo al presidente de la comitiva, hay informes muy “disímiles” que “no se pueden aunar”.
