En una carta al Presidente Gabriel Boric, los diputados Carla Morales, Mauro González y Marcia Raphael alertaron sobre la escalada de violencia contra NNA, el aumento de homicidios con armas de fuego y el crecimiento de jóvenes “ninis” en el país.
El delegado presidencial destacó la coordinación entre servicios públicos y municipios para enfrentar el comercio ilegal y el crimen organizado en Meiggs, en medio de la polémica entre el alcalde Desbordes y la ministra Vallejo.
La ministra de Defensa criticó la autorización para usar fuerzas militares en suelo extranjero y afirmó que Chile mantiene la soberanía en la lucha contra el crimen organizado, priorizando sus propias investigaciones y acuerdos.
“El combate al crimen no es sectorial, es una tarea del Estado”, afirmó el ministro Cordero. Por su parte, el director general de la PDI, Eduardo Cerna, aseguró que este apoyo será clave para atacar a la delincuencia “en todas sus manifestaciones”.
El fenómeno muestra un cambio en los patrones comisivos desde 2022, con presencia de armas, vehículos y participación de imputados con antecedentes. Además, se identificaron nueve tipos de secuestro, entre ellos extorsivos y ajustes de cuentas.
Daniel Johnson señaló que si bien en los últimos siete años los homicidios han aumentado un 70%, así como otros delitos, los crímenes están “concentrados geográficamente en ciertos barrios o esquinas específicas”. “No es un problema extendido”, dijo.
En el marco de los últimos casos de presunto narcotráfico vinculados con las Fuerzas Armadas, la socióloga alertó que solo políticas públicas permanentes pueden frenar la penetración de redes ilícitas en las instituciones castrenses.
Las actualizaciones en el ámbito legal serán dadas a conocer por el Gobierno en los próximos días: buscarían agilizar las acciones de las ramas militares. También se abordó la competencia de los tribunales “para conocer de estos hechos”.
El organismo autónomo presentó una contienda de competencia para obtener información clave sobre cinco funcionarios de la Fuerza Aérea de Chile detenidos por presunto tráfico de drogas en un vuelo institucional.
El Congreso aprobó por amplia mayoría la creación de la Fiscalía Supraterritorial, pero tanto el Ejecutivo como el Oficialismo objetaron la cláusula de “alarma pública” por su posible “inconstitucionalidad de fondo” y su uso discrecional.
El investigador del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social señaló que el caso del Tren de Aragua “demuestra no solo que el crimen organizado usa el sistema financiero, sino que son maestros en su manipulación”.
Mientras la exalcaldesa apeló a su experiencia liderando Providencia enfrentando, en su caso, a las “mafias” de vendedores ambulantes, la exministra hizo gala de su gestión a la cabeza de la cartera del Interior.
El Juzgado de Garantía ordenó la medida contra los miembros acusados de tráfico de drogas, extorsión y secuestro. La fiscalía reveló un entramado delictivo que operaba bajo amenazas a trabajadoras sexuales y camuflaje en plataformas de delivery.
La nueva normativa comenzará a regir este 28 de mayo. Su objetivo es impedir la comisión de delitos en el marco de los “narco funerales”, los que “exaltan” la memoria de criminales que son considerados mártires por las bandas delictuales.
Mientras el fiscal nacional volvió a referirse a los nexos entre las barras bravas y el crimen organizado, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, entregó nuevos detalles sobre el funcionamiento del departamento que reemplazará al fallido programa.
La instancia legislativa buscará no solo esclarecer responsabilidades, sino que también sentar bases para enfrentar la amenaza que significan las barras bravas dentro del mundo del fútbol.
El investigador del COES tachó de “irresponsabilidad gigante” la ausencia de parlamentarios oficialistas en la discusión del proyecto. Además, se refirió al grave problema en torno al crimen organizado, que estaría creciendo más rápido que el PIB.
