La Fiscalía Metropolitana Oriente formalizará al sargento Luis Rojas Salazar (conductor) y a Williams Henríquez Troncoso (tripulante) por la muerte de dos hinchas, de 18 y 12 años, atropellados por un carro lanzagases fuera del Estadio Monumental.
El ministro del Deporte, Jaime Pizarro, recalcó la importancia de la conducta de quienes asisten a los estadios, mientras el delegado presidencial, Gonzalo Durán, aludió a “un análisis técnico de Carabineros” que llevó a continuar el partido.
Todo arrancará el viernes, cuando Universidad de Chile visite desde las 18:00 horas a Deportes Limache en el estadio Lucio Fariña de Quillota, donde los azules buscarán un triunfo para meter presión en la cima de la competencia.
Tras dar a conocer los argumentos de las distintas partes respecto del libelo, la votación sobre la admisibilidad de la acusación constitucional contra el delegado presidencial de la Región Metropolitana no resultó favorable para la derecha.
Según la defensa, el libelo se basa en una interpretación errónea de la Constitución al invocar una norma de resguardo del orden público que dejó de regir desde la creación del Ministerio de Seguridad. La Cámara Baja vota el texto este martes.
En su defensa, advirtió que los acusadores “invocan erróneamente la causal de infracción a la Constitución, confundiéndola con la causal de infracción a las leyes”. Además, explicó la decisión de no suspender el partido de Colo Colo y Fortaleza.
Los jefes comunales expresaron su rechazo al texto acusatorio y respaldaron al delegado presidencial de la RM. Los parlamentarios opositores desestimaron el apoyo de los ediles y afirmaron: “Nosotros no nos involucramos en decisiones municipales”.
La acción está relacionada con los incidentes ocurridos fuera del Estadio Monumental que terminaron con dos fallecidos. La autoridad de la Región Metropolitana ha insistido que la acusación constitucional “no tiene ningún fundamento jurídico”.
El también entrenador de fútbol, expuso cómo estas agrupaciones pasaron de representar una “lógica identitaria” a ser un negocio para los líderes de las barras. “Evidentemente hay crimen organizado en torno a estas barras”, indicó.
La acusación constitucional, que sería presentada la próxima semana, se convierte en el octavo intento opositor por llevar a juicio político a una autoridad del Gobierno del Presidente Gabriel Boric.
Mientras el fiscal nacional volvió a referirse a los nexos entre las barras bravas y el crimen organizado, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, entregó nuevos detalles sobre el funcionamiento del departamento que reemplazará al fallido programa.
Desde el partido de centroderecha se mostraron abiertos a respaldar este nuevo libelo acusatorio, señalando que apoyarán “todas las acciones necesarias para priorizar la seguridad nacional”. El ministro Cordero llamó a la prudencia.
Según el diputado Henry Leal, jefe de bancada de la UDI, el delegado presidencial de la Región Metropolitana actuó de manera negligente y no garantizó la “seguridad e integridad de las personas”.
Mientras los clubes piden el retorno de fuerzas policiales al interior de las canchas, el Gobierno abrió la posibilidad de que intervengan en casos que “puedan afectar el orden público”. La idea no genera consenso en el mundo político.
El histórico Carlos Caszely acusó que el programa se utilizó para pagar “compromisos políticos”. Por su parte, el senador Matías Walker propuso crear una agencia nacional compuesta por expertos en seguridad y sin vínculos partidarios.
El diputado gremialista e integrante de la Comisión de Deporte señaló que estas agrupaciones son un problema de larga data y acusó que el Gobierno, la ANFP y todos los estamentos involucrados “no tienen la valentía” de tratarlo cómo se debe.
El ministro de Seguridad, Luis Cordero, detalló las razones que llevaron al Ejecutivo a ponerle fin a esta iniciativa implementada hace 14 años. El anuncio se da luego del trágico fallecimiento de dos hinchas de Colo-Colo.
