Mientras el diputado Alessandri denunció al ministro Luis Cordero por omisión de denuncia y presunto fraude, desde el Ejecutivo han acusado a la derecha de un “negacionismo vergonzoso”, junto con defender el Plan Nacional de Búsqueda.
En la audiencia, los fiscales regionales Juan Castro Bekios y Eduardo Ríos intentarán revocar el fuero de la autoridad para proceder con su formalización por los delitos de fraude al fisco y solicitar medidas cautelares en su contra.
Mientras la investigación penal avanza, el parlamentario del distrito 11 llamó al Congreso a aprobar el proyecto de ley que entrega mayores atribuciones de fiscalización a la Contraloría para que casos como el de de Vitacura no vuelvan a repetirse.
La acción del Consejo de Defensa del Estado incluye a Carla Graf, Roland Cárcamo y Felipe Klein, a quienes se les imputa “haber incurrido en una serie de maniobras destinadas a desviar dineros públicos provenientes de asignaciones parlamentarias”.
El gobernador de la RM declaró voluntariamente en el marco de la investigación por presunto fraude al fisco durante el proceso electoral para su reelección. Tras la diligencia, acusó a ciertos CORES de tener una “actitud de aprovechamiento político”.
Desde la colectividad acusaron una serie de irregularidades en la gestión del jefe del Gobierno de Santiago. Además, advirtieron que no solo esperan que se sume Renovación Nacional a la acusación, sino que también consejeros de izquierda.
La investigación por eventual uso de recursos públicos para la campaña del gobernador metropolitano será liderada por la fiscal Constanza Encina. La defensa de la autoridad pidió colaborar con el proceso, razón que agilizó su declaración.
La acción se enmarca en la indagatoria liderada por la Fiscalía de Alta Complejidad Metropolitana Oriente, iniciada a partir de la investigación paralela contra Cathy Barriga, exalcaldesa de Maipú y cónyuge del parlamentario.
La Fiscalía Regional de Antofagasta la acusa de tres cargos relacionados con fraude al Fisco, en el contexto de la investigación sobre los convenios entre la extinta Fundación Democracia Viva y la Seremi de Vivienda de Antofagasta.
La exalcaldesa es investigada por presuntos hechos de corrupción que habría cometido mientras encabezaba la Municipalidad de Maipú. Además, la semana pasada fue inhabilitada para ejercer cargos públicos por cinco años.
El diputado ex-UDI aseguró que las acusaciones del alcalde de Maipú son “infundadas” y parte de una “estrategia política”. Desde el Congreso, los parlamentarios Rubén Oyarzo (IND) y Andrés Giordano (FA) respaldaron la acción del jefe comunal.
La exalcaldesa de Maipú deberá cumplir nuevamente prisión preventiva tras la decisión del Tribunal de Alzada, que acogió los argumentos por falta de nuevos antecedentes que justificaran su libertad.
Los abogados defensores confirmaron que apelarán ante la Corte Suprema. “Tras más de un año y medio de investigación el Ministerio Público no tiene pruebas de la participación de la parlamentaria en la adjudicación de los convenios”, recalcaron.
Tras la decisión de la Corte de Antofagasta, la Fiscalía quedó habilitada para formalizar a la exmilitante del FA, por su presunta participación en delitos de fraude al fisco. El abogado de Pérez dijo que no hay argumentos para el desafuero.
Con la pérdida de su inmunidad, la parlamentaria pasará por el proceso legal y la solicitud de medidas cautelares en su contra. En la querella presentada por el Consejo de Defensa del Estado, se le acusa de ser cómplice del delito de fraude al fisco.
A raíz de las investigaciones judiciales por delitos de corrupción, como el caso Convenios y el caso Audios, el abogado aseguró que el país necesita una reforma que permita que el Estado sirva a las personas y no a los políticos.
La Corte de Apelaciones de Santiago resolvió aplicar nuevamente la medida cautelar más gravosa para la ex alcaldesa de Maipú, quien se encuentra imputada por los delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público.
