Mientras el Ejecutivo acusó razones ideológicas para el freno del proyecto de ley, la futura vocera de Kast, Mara Sedini, y el diputado Frank Sauerbaum (RN) apuntan a falencias técnicas y al costo para las empresas.
La iniciativa elimina el requisito de 20 trabajadoras para acceder a sala cuna, crea un fondo solidario y extiende el derecho a hombres y mujeres. Gobierno y sindicatos acusan bloqueo de la UDI, mientras la oposición cuestiona su financiamiento.
El titular del Trabajo destacó que la agenda laboral del Gobierno “ayudó muchísimo a restablecer cierto clima de cohesión”, apropósito de las demandas del estallido social. Por otro lado, abordó el proyecto de negociación colectiva multinivel.
También asistió el director (S) del Trabajo, Sebastián Santibáñez, quien abordó cifras sobre el tema. Describió que la tasa de sindicalización es cercana al 20% y un promedio de 71 afiliadas y afiliados por sindicato.
Según el Ejecutivo, la iniciativa permitirá que sindicatos y empleadores “dialoguen en igualdad de condiciones sobre salarios, condiciones laborales, productividad y desafíos del mercado del trabajo”.
Ante la presión opositora por separar el reajuste del sector público de las normas que lamó de “amarre”, el ministro de Hacienda descartó dividir el proyecto y defendió una tramitación íntegra: votar todo, asumir el resultado y avanzar en enero.
Según el Ejecutivo, la propuesta “trasciende la visión tradicional al vincular directamente la mejora de las condiciones laborales con la eficiencia productiva, la innovación y el desarrollo sostenible del país”.
El acuerdo suscrito entre el Ejecutivo y parte de la Mesa del Sector Público no dejó contento a todos los sectores. La ANEF, el Colegio de Profesores y la CONFUSAM, cuestionaron su impacto real en el poder adquisitivo de los trabajadores.
A horas de reunirse con los ministros de Hacienda y Trabajo, las dirigentas de la Mesa y la CUT emplazaron al Ejecutivo a responder su demanda de reajuste salarial.
La instancia inició este jueves la negociación del reajuste con los ministros de Hacienda y Trabajo, en un proceso marcado por la presión de los gremios para cerrar el acuerdo antes del balotaje.
El ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, recalcó el compromiso del Gobierno para que el proyecto sea aprobado en esta legislatura, advirtiendo que iniciativas de este tipo “tienen gradualidades e implementaciones” que requieren al menos dos años”.
Mientras desde el Ejecutivo y el propio Banco Central resaltan la autonomía de la entidad, desde la UDI enviaron una carta al Fondo Monetario Internacional para que se refiera al asunto.
La vocera de La Moneda, Camila Vallejo, y el ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, criticaron el programa del abanderado republicano en relación al sistema de jubilación.
La ministra de Minería, Aurora Williams, aseguró que el Sernageomin está desarrollando dos labores: la de indagación sobre las causas del evento telúrico y la de apoyo al rescate de las cinco personas que aún están atrapadas en la mina.
El proyecto de ley -enviado al Senado para su tramitación legislativa con suma urgencia- se enmarca en la implementación de la reforma de pensiones y fue calificado por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, como “relativamente corto y simple”.
La funcionaria dejó el puesto en medio de fuertes críticas por su manejo del escándalo de licencias médicas fraudulentas. La fiscal del organismo, Patricia Soto Altamirano, asumió la subrogancia legal del cargo.
El anuncio se dio en el cambio de gabinete donde se concretó la salida de Jeannette Jara del Ministerio del Trabajo.
