En un informe a la Cámara de Diputadas y Diputados, el máximo tribunal cuestionó la falta de claridad normativa, riesgos en legitimación activa y que el fisco asuma costos de inversiones privadas anuladas, según lo planteado por la iniciativa.
La iniciativa fue aprobada en general por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados, pero sólo contó con el respaldo de los parlamentarios oficialistas. El Partido de la Gente se abstuvo y la Democracia Cristiana votó en contra.
El líder del Partido de la Gente aseguró que hubo avances en las conversaciones con el ministro de Hacienda por el proyecto de ley de Reconstrucción. Sin embargo, aclaró que el respaldo final dependerá de la bancada.
En cuanto a las observaciones planteadas por el organismo, el ministro Quiroz comentó que este jueves, en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, un equipo de la DIPRES las responderá en detalle.
“Durante todo el proceso, la prioridad del Ministerio fue clara: proteger la atención de los pacientes y asegurar la continuidad de las prestaciones”, aseguró la ministra de Salud, May Chomali.
Con la idea de seguir el cronograma del Gobierno, el presidente de la Comisión de Hacienda, Agustín Romero, fijó la votación en general de la iniciativa para este jueves. En tanto, parte de la oposición acusa que el Ejecutivo “le teme al debate”.
Las cifras revelaron una caída de 0,1% y confirmó un débil arranque para la economía chilena en 2026. Los economistas advirtieron de un crecimiento cercano al 2%, con estancamiento y efectos acotados del plan de reconstrucción del Gobierno.
El investigador del IES diagnosticó dificultades en el diseño del Gobierno por un segundo piso que “tambalea” y un gabinete que “no sabe de política”. Eso sí, dijo que “la popularidad de Kast no ha caído suficiente” para “desahuciar” su estrategia.
El titular de Hacienda, Jorge Quiroz, aclaró que la revisión del gasto público se concentra en programas mal evaluados y no afectará beneficios como la Pensión Garantizada Universal.
En medio de la controversia por los ajustes fiscales, Javier Macaya (UDI) y Agustín Romero (PRep) respaldaron al jefe de la billetera fiscal y criticaron a quienes “irresponsablemente quieren hacer política desde la oposición”.
El Ejecutivo aseguró que los ajustes no afectarán “ningún beneficio” y que el objetivo es la “buena ejecución” de los programas sociales. Desde la izquierda exigieron transparentar el alcance real de estas medidas y los decretos aún no conocidos.
Previo a su charla en la Universidad de Talca, el extitular de Hacienda cuestionó la instrucción de ajustar hasta 15% programas definidos por la legislación vigente. Así, dijo que “no se entiende” cómo podría aplicarse este criterio a la PGU.
El ajuste incluye una reducción de más de $12 mil 748 millones de pesos del presupuesto del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (ex Sename), además de otros servicios.
Ante la crisis por los recortes presupuestarios, el analista afirmó que parte de las respuestas del Ejecutivo son “poco creíbles”. Y apuntó a que el Segundo Piso aún “no se adapta al cambio entre tener un Kast en campaña, a un Kast como Presidente”.
Tras la propuesta de sectores de la oposición de fragmentar la iniciativa, el ministro de Hacienda aseguró que la ley “es un todo concatenado que reactiva y hace crecer”. “Es un todo que está junto”, insistió.
En relación al documento que sugiere la evaluación o eliminación de una serie de programas de todos los ministerios, el presidente del Partido Republicano apuntó a “errores” que no deben repetirse.
Autoridades del gobierno anterior fustigaron los posibles recortes a la PGU y programas sociales, mientras que desde la UDI reconocieron errores de comunicación del ministro Quiroz ante el polémico oficio.
