El ministro Luis Cordero advirtió que “hay que distinguir aquello que está en el debate público de aquello que corresponde jurídicamente”.
Luego de que el ministro de Justicia señalara que la reforma al sector es “impostergable”, el vicepresidente de la Asociación de Notarios, Carlos Miranda, salió en defensa de su gremio.
De todas formas, la ministra de Relaciones Exteriores aseguró que la misiva no afecta las relación bilateral entre Chile y Argentina, asegurando que esta “está muy robusta y que tenemos un conjunto de temas que vamos a seguir trabajando”.
Este jueves, Luis Cordero anunció la puesta en marcha de la ley 21.527, que además de transformar el sistema de atención a jóvenes infractores de ley, consagra el cierre paulatino del Sename.
El primer día del Fiscal Nacional se vio empañado por una reportaje que confirmó que la relación entre Valencia y el ex edil es estrecha: durante el mandato de Felipe Guevara, Valencia emitió 57 boletas a la Municipalidad de Lo Barnechea.
La reacción del diputado de RN surgió luego que Luis Cordero dijera que esperarán el trámite de la Contraloría y el Tribunal Constitucional respecto a legalidad administrativa de los indultos.
Consultado por la posibilidad de revertir los beneficios, el nuevo ministro de Justicia indicó que aún no conoce los antecedentes para tomar esta decisión. “La aplicación de los indultos desde la década del ’90 ha sido conflictiva”, señaló.
Tras una reunión con el presidente Gabriel Boric, el abogado y académico de la Universidad de Chile asumió la cartera en medio de los cuestionamientos a los indultos otorgados por el mandatario a 13 personas.
La parlamentaria por Coquimbo reiteró las críticas a la iniciativa que deberá ser revisada por el comité de ministros. “Tiene impactos negativos de los diversos informes que se han entregado, tanto técnicos y también científicos”, recordó.
La sentencia que obliga al municipio a proveer de 100 litros de agua por habitante tiene una segunda parte que ha sido opacada por la obligación fijada a esa corporación: la Tercera Sala prescribe que el acceso al recurso es un deber transversal del Estado y que éste se inicia en el Ministerio del Interior.
