Indulto conmutativo se titula el proyecto que preparó la organización con el Gobierno. Pese a una serie de diálogos en el Senado, la iniciativa no concita todos los respaldos del oficialismo y de la DC, por tanto la asamblea presionará en las calles.
A través de 153 cabildos realizados en toda la red de centros penitenciarios que controla Gendarmería y en los centros del Sename con los y las jóvenes privadas de libertad, 2.600 personas discutieron sus expectativas frente el proceso constituyente.
El Gobierno junto a las agrupaciones relacionadas en la materia, busca mejorar y dar celeridad a la iniciativa que permite a mujeres embarazadas y madres de niños pequeños, cumplir su condena de una manera alternativa a la privación de libertad.
La ministra Marcela Ríos aseveró que “los requisitos para que cualquier persona privada de libertad pueda acceder a un beneficio están normados por Ley y en reglamentos” y que es el Comité Técnico de Gendarmería el que toma estas decisiones.
Lorenzo Morales de la Defensoría Popular, señaló que la medida es un paso para terminar con la prisión preventiva que aún enfrentan decenas de jóvenes detenidos en el marco del estallido social. Además, indicó que incluso podría abrir una puerta para la revisión de las sentencias contra personas condenadas por los tribunales.
La abogada se refirió a la situación actual del líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), Facundo Jones Huala, luego de la publicación de un comunicado donde acusa la intromisión del gobierno de Argentina en el proceso judicial de nuestro país, después del último intento por parte de su defensa para conseguir la libertad condicional.
Desde la Federación de Funcionarios del Ministerio Público señalaron que no se puede garantizar eficiencia son contar con los recursos suficientes.
Las declaraciones del titular de Justicia en apoyo a Jaime Orpis y su decisión de prestar testimonio en el mismo Ministerio ha generado escozor en la opinión pública. Es un acto simbólico con “una lógica de ética un poco complicada”, asegura la académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, Mireya Dávila.
El académico de Derecho Constitucional de la Universidad de Valparaíso se refirió al anteproyecto de ley que impulsan integrantes de la Comisión Asesora del Ejecutivo, el cual pretende modificar el Código Penal en materia de violación.
La movilización se inició a las 0:30 horas de este lunes y considera que los funcionarios no realizan los traslados de los detenidos desde los centros de reclusión hacia los tribunales, ni tampoco permitirán que se realicen nuevos ingresos de personas en los lugares que ellos custodian.
Luego de que no existiera acuerdo respecto del petitorio de los funcionarios de la institución, el titular de Justicia, Hernán Larraín anunció la salida de la ahora ex directora de Gendarmería, quien era resistida por los trabajadores del organismo.
La actual consejera del Consejo de Defensa del Estado es investigada por una supuesta contratación irregular de funcionarios de Gendarmería mientras era ministra de Justicia de Michelle Bachelet.
La postura de ambas partes significó que los gendarmes no realizarán la movilización que habían anunciado.
Luego de difundirse por redes sociales la violencia contra los imputados al interior de Santiago I, cuatro internos pasaron fueron formalizados por el delito de tortura.
Las investigaciones llevadas a cabo por la PDI apuntan a una posible malversación de caudales públicos por el uso de los fondos destinados al mejoramiento de las residencias del Sename. Chile Vamos presentó una querella por malversación de caudales públicos y la investigación dirigida por el fiscal Emilfork ya cuenta con 158 declaraciones.
Luego de la denuncia de la diputada Claudia Nogueira ante el organismo, en junio de 2016, por la violación sistemática a los derechos humanos de los niños por parte del Estado, el Comité de los Derechos de los Niños de la ONU realizará una visita a 11 centros del Reparación Especializada de Administración Directa (Cread) del Sename en Santiago y algunas regiones.
Según el documento publicado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, distintos antecedentes describen los atropellos a la Convención sobre los Derechos del Niño en los distintos centros, ya sea de Internación Provisoria o de Régimen Cerrado. Por ejemplo: 64 por ciento de los adolescentes consultados señalaron que han sido rociados con gas pimienta.
