Parlamentarios de la colectividad aclararon esta mañana que, sin bien no firmaron ninguna declaración, ésta sí contó con la autorización de todos los comités, incluyendo el del Partido Comunista.
Según expresó el presidente de la comisión de Salud, Juan Luis Castro, con esta iniciativa “se busca apoyar a aquellas personas que superaron un cáncer y hoy se ven perjudicadas por su historia médica padeciendo una discriminación financiera”.
El presidente metropolitano del Colegio de Profesores, criticó los cambios que se busca realizar a la iniciativa. El dirigente apuntó directamente a los legisladores gremialistas y llamó al Gobierno a no acordar estas modificaciones con la oposición.
El presidente del Senado señaló que se requiere evaluar el camino a seguir por el próximo medio siglo, buscando establecer una lógica contra la violencia y por el respeto de la democracia y los derechos humanos.
El ministro Alvaro Elizalde afirmó que el Ejecutivo vetará la iniciativa porque “transgrede principios básicos de nuestro ordenamiento jurídico que prohíbe la violencia entre particulares para resolver los conflictos jurídicos”.
El presidente del Colegio Médico espera que se garantice la continuidad de los tratamientos de pacientes crónicos que se trasladen a Fonasa. Además, ante la Comisión de Salud del Senado expresó preocupación sobre la estabilidad sanitaria del país.
La iniciativa, que se extenderá hasta el próximo 6 de septiembre, fue aprobada en el Senado en medio de llamados a que el Gobierno tome acciones “más intensas” para poner atajo a los hechos de violencia.
En un fallo dividido la instancia decidió desestimar la solicitud hecha por esa rama del Parlamento que buscaba invalidar el trabajo de la instancia convocada por el Gobierno, por considerar que debía ser creado por una ley.
Tras la reunión del comité político, las colectividades llamaron a los presidentes de las comisiones de seguridad del Senado y de la Cámara de Diputados a priorizar en los temas que tienen urgencia legislativa.
La parlamentaria fue una de las legisladoras que votó en contra del acuerdo de esa rama del Congreso para ingresar el requerimiento que se revisó durante esta jornada en el órgano.
El presidente de la instancia, Juan Luis Castro, indicó que convocaron a una sesión especial para el día lunes donde están convocados además los ministros de Salud y Justicia para evaluar la decisión del máximo tribunal.
La ministra de Salud indicó que la decisión dada a conocer por la Corte Suprema es una respuesta a los recursos que presentaron los propios afiliados al sistema. Además, sostuvo que el Gobierno no comenta sino que debe vigilar que se cumpla.
“Hay que apurar el tranco en materia de la agenda de seguridad y tenemos una fecha en 30 días más donde existe el compromiso de despachar 24 proyectos”, afirmó el presidente del Senado.
El mandatario indicó que la iniciativa es diferente a la que se desechó en la Cámara de Diputados por “un sector de la política que nunca quiso sentarse a la mesa a encontrar un acuerdo por el bien de Chile”, subrayó.
El proyecto de acuerdo presentado por la oposición, autoriza a los legisladores a recurrir al TC para alegar los vicios de constitucionalidad, ya que consideran que incide en una materia que debe ser discutida en el Congreso Nacional.
Parlamentarios del sector buscan un acuerdo del Senado para recurrir ante el Tribunal Constitucional. El ministro de Justicia, Luis Cordero, dijo que el argumento es erróneo y que de prosperar tiene pocas posibilidades de ser acogido en el TC.
El presidente del Senado y de la Cámara repasaron los proyectos de seguridad aprobados en el último año, se refirieron al Caso Convenios y llamaron a fortalecer la democracia en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado.
