En tanto, a través de una declaración pública, 53 parlamentarios cuestionaron el proyecto de Andes Iron y alertaron sobre graves riesgos ambientales e institucionales.
El TC debía dirimir si el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta excedió sus atribuciones e invadió las facultades que son privativas del Comité de Ministros, como reclama el Ejecutivo.
La socialista declarará como imputada ante el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, quien lidera la indagatoria penal del frustrado proceso de adquisición, en el que se pesquisa el eventual delito de tráfico de influencias y fraude al fisco.
Para el analista, la remoción de la senadora actúa como “un catalizador de un malestar previo” revelando una crisis de confianza y visiones distintas sobre la gestión del poder.
Luego de que el TC acordara el cese del cargo de la senadora socialista, el Jefe de Estado destacó el trabajo de la parlamentaria. “Respetando las instituciones como me corresponde, puedo afirmar que tengo plena certeza de su integridad”, señaló.
El organismo consideró que la declaración de ley marcial no cumplía con los requisitos legales para una crisis nacional y que se violó la jurisdicción al enviar tropas a la Asamblea Nacional para impedir la revocación de la norma.
Luego de que el primer recurso presentado por los abogados Raimundo Palamara y John Reid contra la secretaria de Estado no fuera acogido por el TC, la Primera Sala acogió el segundo texto ingresado por los mismos abogados.
La primera sala del TC, integrado, entre otros ministros, por la presidenta del tribunal, Nancy Yañez, argumentó su decisión en que no se cumplió lo dispuestos en el artículo 119 de la Ley Orgánica del organismo.
El Tribunal Constitucional deberá abocarse a estudiar la admisibilidad de la presentación, cuestión que no debiera resolverse más allá del 10 de febrero. De ser aprobada, la causa sería vista en marzo de este año.
En paralelo, el Gobierno respondió a un reportaje en donde se denuncia que funcionarios de Bienes Nacionales advirtieron sobre los posibles coletazos de la compraventa. El subsecretario Luis Cordero recalcó que se trató de advertencias políticas.
Los ministros condicionaron el avance de la acción al pago de una multa de 500 mil pesos, que deberá ser cancelada por los abogados que presentaron el requerimiento. Esto, en razón de lo estipulado en el artículo 118 de la Constitución.
El jefe de bancada de la colectividad, Luis Sánchez, aseguró que este libelo “va a prosperar”. Así, hizo un llamado al Presidente Boric para que le pida la renuncia a la titular de Defensa: “Debiese él mismo tomar la decisión”.
El órgano jurisdiccional admitió la diligencia presentada por parlamentarios de oposición en el marco de la controversia por la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende.
Ante los requerimientos de la oposición a raíz de la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende, la ministra del Interior, Carolina Tohá, destacó que tanto la parlamentaria como la ministra Maya Fernández “son personas rectas”.
En el marco de la fallida compra da la casa del expresidente Allende, los parlamentarios no desestiman ingresar un requerimiento similar en contra de la ministra de Defensa, Maya Fernández. “Nadie ha podido defender esta infracción”, aseguraron.
“Queremos respaldar el fallo del Tribunal Constitucional que pone en su lugar la aplicación, la implementación de la ley Lafkenche”, manifestó la presidenta de la bancada de dicho partido, diputada Emilia Nuyado.
El parlamentario además descartó recurrir al Tribunal Constitucional para objetar el veto presidencial a la reforma de elección en dos días. “Estamos entre la espada y la pared, tenemos solamente la opción de apoyar y no discutir o modificar”, dijo.
