La titular del Trabajo calificó como “falsos” los dichos de dirigentes del Partido Comunista, quienes aseguraron que la secretaria de Estado habría informado sobre la cita al mandatario y que este habría dado “luz verde” a su realización.
La ex jefa comunal de Maipú, acusada de defraudar al municipio en 31 mil millones de pesos, quedó con arresto domiciliario y arraigo nacional. Además, el tribunal fijó 120 días como plazo para la investigación.
La militante de Renovación Nacional valoró la aprobación de la iniciativa, defendiendo que con la medida “se deja aparte a quienes están pidiendo refugio”. Por otra parte, manifestó sus reparos sobre el avance de la reforma previsional.
De manera transversal, parlamentarios de la instancia manifestaron su molestia respecto de la información conocida durante esta jornada. “No existen las confianzas para seguir haciendo el trabajo prelegislativo” señaló el diputado Félix González.
El Ministerio Público aseguró que el monto de $31 mil millones desfalcado en Maipú supera en 55 veces el caso Democracia Viva. Además, se conoció que el diputado Joaquín Lavín Jr (UDI) tuvo injerencia en la toma de decisiones dentro del ente comunal.
La iniciativa fue propuesta por la diputada de Democrátas, Joanna Pérez, quien argumentó que “no puede ser que con recursos públicos estemos promoviendo este tipo de acciones”. En paralelo, la ministra Vallejo advirtió que “la censura es compleja”.
El exsuperintendente de AFP y académico de la Universidad de Chile afirmó que la propuesta del Gobierno es “más o menos sólida”, pero que el aspecto en que se está flaqueando es en la disponibilidad para llegar a consensos, de parte de la derecha.
La presidenta de la comisión de Hacienda de la Cámara Baja valoró la flexibilidad del Gobierno para sacar adelante la propuesta. También explicó el mecanismo de distribución del 3% que irá a las cuentas individuales de las personas.
El analista político consideró que los ministros debieran acatar la decisión del Presidente Gabriel Boric y “reconocer que hubo un error y que se está enmendando” la polémica surgida tras los encuentros con empresarios en la casa de Pablo Zalaquett.
El experto cuestionó que la oposición inste a subir las pensiones ampliando la Pensión Garantizada Universal (PGU), pero negándose a aumentar los impuestos. “El tema de la derecha es de doble discurso”, apuntó.
El presidente de la instancia, Juan Luis Castro, desestimó esta modificación por “no tener umbrales máximos”. Mientras el representante de RN, Francisco Chahuán, criticó al Gobierno por trabar el avance de la reforma a la salud.
El legislador del Partido Radical, Tomás Lagomarsino, acusó al Gobierno de una mala gestión del registro. Por su parte, el militante de Renovación Nacional, Andrés Celis, propuso declarar un estado de alerta sanitaria.
El documento plantea aumentar las multas por incumplimiento de la ley de 50 a 500 UTM (32 millones). La diputada Camila Musante afirmó que la legislación pone fin a la “puerta giratoria del poder”.
Durante la audiencia de formalización, la persecutora insistió en la responsabilidad de la ex jefa comunal de Maipú en la defraudación del patrimonio fiscal del municipio, cuyo monto podría ser superior a los 30 mil millones de pesos.
El mandatario cuestionó la insistencia de parlamentarios de Chile Vamos de rechazar la fórmula del 3% y 3% de la cotización adicional. “Me cuesta entender que haya sectores políticos que digan que no están dispuestos a poner sus votos”, expresó.
El secretario general del PPD defendió a la extimonel de la colectividad tras las críticas en su contra por la prestación de servicios a una empresa de Pablo Zalaquett, aunque reconoció “una falta de prudencia” de parte de la dirigente.
La autoridad sostuvo que el beneficio puede dejarse sin efectos por razones de mérito, oportunidad y conveniencia. Además, dijo no tener “ninguna duda” de que el mandatario hará uso de su potestad “lo antes posible”.
