Mientras los partidos de Gobierno instaron a priorizar el fortalecimiento de las policías para tomar distancia del llamado que hizo el edil de Maipú, desde la otra vereda política se alinearon con la solicitud del jefe comunal.
La iniciativa fue aprobada con indicaciones del Ejecutivo. La norma distingue las diferencias entre las policías y las FF.AA., reconociendo que las últimas requieren de reglamentos más específicos para intervenir excepcionalmente en ciertos casos.
La parlamentaria llamó al oficialismo a no seguir la pauta de la oposición e instó a retomar el compromiso presidencial con las víctimas del 18-O. Desde su sector dijo “no habrá ningún tipo de flexibilidad frente al tema de los derechos humanos”.
La exautoridad coincidió con las aprensiones del jefe del Ejército, Javier Iturriaga, quien durante la última sesión del Cosena, aseguró que su institución no cuenta con el “entrenamiento” para asumir tareas de resguardo del orden público.
El general Javier Iturriaga advirtió respecto al resguardo de infraestructura crítica, que hay capacidad para proteger instalaciones, pero que sus funcionarios no tienen formación en labores “en las que hay que interactuar con la población”.
Se trata de una inversión de más de mil 148 millones de pesos en automóviles, marca Station Wagon, y furgones equipados con cámaras de monitoreo y visión infrarroja. La iniciativa busca fortalecer las herramientas de la institución.
La experta en seguridad destacó la necesidad de que el país se replantee las medidas que se han tomado en los últimos 20 años en esta materia. Por otro lado, cuestionó la efectividad de las Fuerzas Armadas en el control del orden público.
La delegada presidencial metropolitana afirmó que el episodio fue protagonizado por grupos organizados, pero enfatizó que éstos no lograrán amedrentar a las autoridades. Además, Martínez entregó el balance de un operativo en los terminales de buses.
La parlamentaria oficialista no descartó impulsar algún tipo de medida para evidenciar su molestia hacia la actual administración. “Aquí la agenda de seguridad la está imponiendo la derecha, no el Gobierno”, cuestionó.
Tras participar en una reunión con la ministra del Interior, Carolina Tohá, la legisladora por La Araucanía destacó la disminución de los hechos de violencia en la zona y sugirió extrapolar la estrategia del Estado en otros sectores del país.
La iniciativa, que tendrá como objetivo la investigación y persecución de delitos particularmente complejos , fue calificada por el ministro de Justicia, Luis Cordero, como “la transformación más relevante” del Ministerio Público.
Durante esta jornada, diversos parlamentarios, tanto de oficialismo como de oposición, se refirieron a la situación de seguridad y abordaron nuevamente la opción de que se decrete Estado de Excepción en la Región Metropolitana.
La autoridad que irá acompañada del Director Nacional de la PDI, sostendrá reuniones con el viceministro de Asuntos Internos de Venezuela y con el jefe de la Policía de Investigación Criminal del mismo país.
Con el objetivo de fortalecer la iniciativa, el subsecretario del Interior coordinará un grupo compuesto por efectivos de Carabineros, la PDI e Inteligencia. Respecto a la situación del general Yáñez, reiteró que está en “evaluación”.
En la organización cuestionaron la falta de avance de la iniciativa que permitiría la recuperación de terrenos e inmuebles abandonados y que se mantiene estancada en la comisión de Seguridad de la Cámara desde mayo pasado.
Pese a valorar la cita con el Ejecutivo, los jefes comunales expresaron su preocupación ante una “falta de urgencia” para abordar la delincuencia y dijeron esperar que el aumento de recursos a los municipios se transformen en herramientas concretas.
La medida fue bien recibida por el líder del órgano persecutor, que busca homologar la entrega de inmuebles en manos de bandas criminales a los municipios para avanzar en la recuperación de espacios públicos.
