La investigadora del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la U. de Chile abordó el fallo del TC sobre la Ley Escuelas Protegidas y planteó que la seguridad escolar debe centrarse en prevención, convivencia y trabajo colaborativo.
El Ejecutivo señaló que esperará el texto completo del fallo del Tribunal Constitucional para evaluar los pasos a seguir. En la Comisión de Educación parlamentarios, opositores defendieron el recurso y criticaron el diseño del proyecto.
La jefa de la cartera de Educación sostuvo que el Gobierno será respetuoso de la institucionalidad y del fallo del Tribunal Constitucional, aunque subrayó que la meta de resguardar a las comunidades educativas no cambia.
La senadora DC aseguró que la resolución ratifica las advertencias realizadas durante la discusión legislativa y sostuvo que el Ejecutivo repite errores similares en la tramitación del proyecto de Sala Cuna Universal.
El TC declaró inconstitucionales cuatro disposiciones de la controvertida normativa impulsada por el Gobierno. El fallo puso límites de las políticas de seguridad escolar para cautelar la protección de derechos fundamentales.
En el marco de las audiencias que el Tribunal Constitucional realiza sobre la iniciativa, la titular de Educación defendió que la norma entrega herramientas de seguridad a los colegios y responde a una demanda de las propias familias.
La ley “Escuelas protegidas” se presenta como una respuesta urgente a la violencia escolar. Pero la evidencia que hemos recogido en establecimientos escolares del país muestra que un enfoque centrado en el control y la sanción no solo es insuficiente, sino que arriesga profundizar la fragmentación de las comunidades educativas que dice querer proteger. Los […]
En su tercer trámite, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto del Gobierno por 105 votos a favor y 46 en contra. Bancadas de oposición realizaron reserva de constitucionalidad de ciertos artículos, por ejemplo, el de acceso a la gratuidad.
En medio de críticas por recortes en educación y nuevas medidas de seguridad escolar, la convocatoria estudiantil se realizará el próximo 3 de junio, dos días después de la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast.
La Cámara Alta continúa con la discusión de la iniciativa, mientras académicas cuestionaron la efectividad de medidas como la revisión de mochilas y el enfoque punitivo en materias como acceso a la gratuidad.
La Sala de la Cámara Alta respaldó con 24 votos a favor, 6 en contra y 11 abstenciones, la iniciativa que establece medidas de seguridad, orden y respeto para la comunidad educativa.
También la revisión de bolsillos si hay indicios de ataques, y prohibición de postular a la gratuidad para los condenados por delitos que atenten contra la vida o la integridad física de las personas o contra la propiedad escolar.
El académico calificó como “muy desafortunado” que el debate educacional esté copado por medidas represivas, cuando los especialistas apuntan a reglamentos justos y apoyo a estudiantes con dificultades de convivencia.
El presidente de la Comisión de Educación del Senado sostuvo que las recomendaciones de la Dipres son parte del proceso presupuestario. Por lo tanto, instó a mantener la calma frente a la polémica generada por el oficio del Ministerio de Hacienda.
El parlamentario de oposición valoró que la iniciativa entregue autonomía a cada establecimiento para implementar la medida, pero criticó que el Ejecutivo busque “meter de contrabando otras normas” que se alejen del objetivo de la legislación.
El jefe de bancada del Partido de la Gente aseguró que el Ejecutivo no ha cumplido sus promesas de campaña. “Tenemos un bencinazo en el bolsillo de la clase media y, por el otro lado, la verdad es que no nos sentimos más seguros”, señaló.
La titular de Educación explicó que la iniciativa busca fortalecer el rol del profesorado dentro de las comunidades educativas. Además, planteó que uno de sus objetivos es modificar la percepción de los establecimientos sobre la labor del Mineduc.
