Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara respaldó en general proyecto de la Bancada de Renovación Nacional que busca fortalecer la protección de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones.
La propuesta contempla iniciativas para endurecer sanciones por agresiones a policías, fortalecer atribuciones preventivas y ampliar mecanismos de protección a funcionarios y mártires institucionales.
Las iniciativas buscan aumentar las penas por agresiones a funcionarios policiales y extender la legítima defensa privilegiada a efectivos que intervengan estando fuera de servicio.
El titular de Seguridad confirmó que el Ejecutivo pondrá celeridad a las iniciativas que buscan endurecer penas por ataques a la policía y extender la legítima defensa privilegiada a funcionarios de franco, en medio de la controversia por la Ley Naín-Retamal.
La especialista de la Universidad de Chile criticó con dureza los efectos de la normativa de seguridad, alertando sobre la flexibilización en el uso de la fuerza, su impacto en causas del estallido social y los riesgos constitucionales de la propuesta “Naín-Retamal 2.0”.
La investigadora cuestionó la ausencia de información disponible para evaluar el impacto de la norma y sostuvo que aún no es posible determinar si fortaleció la capacidad de las policías para combatir el delito.
La Corte Suprema cerró definitivamente la causa por la muerte del joven durante el primer aniversario del estallido social. Mientras su familia busca alternativas, diputados de oposición impulsan cambios a la normativa aplicada en el caso.
La propuesta del PC busca derogar disposiciones que establecen la presunción legal de legítima defensa por parte de policías y gendarmes de la norma legal promulgada en abril de 2023.
El fallo de la Corte de Apelaciones de San Miguel reactivó las críticas de abogados y organismos de derechos humanos, que advierten que la normativa abre espacio para nuevos cierres de causas vinculadas al estallido social.
Parlamentarios de Renovación Nacional cuestionaron que desde la dirección del Instituto Nacional de Derechos Humanos se emitan juicios sin sustento técnico, los cuales terminan poniendo en duda la labor cotidiana de las fuerzas de orden.
En la Cuenta Pública 2025 de la institución, el director del INDH también manifestó preocupación por la continuidad del Plan Nacional de Búsqueda, el Programa de Derechos Humanos y la expropiación de la ex Colonia Dignidad.
El director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile sostuvo que la legislación aprobada en 2023 ha producido criterios judiciales dispares y que aún no existen datos suficientes para determinar si ha cumplido su objetivo de proteger a las policías.
El senador Daniel Núñez admitió limitaciones en la gestión de Boric y anunció una oposición “constructiva” ante Kast, aunque advirtió que la gente se movilizará si hay recortes sociales.
La parlamentaria aseguró que las críticas del Socialismo Democrático al Frente Amplio por falta de madurez política son una “caricatura”. Dijo que parece ser una “herida histórica” que espera “sane pronto, porque no se sostiene en lo generacional”.
El encuentro tomó forma tras los reproches mutuos sobre la Ley Naín-Retamal, apropósito de la absolución del excarabinero Claudio Crespo. Sin embargo, la timonel de la tienda, Paulina Vodanovic, aseguró que siguen creyendo en la unidad progresista.
Las iniciativas buscan eliminar la presunción legal que favorece a funcionarios del Estado en casos de “legítima defensa”, restableciendo la igualdad ante la ley y la responsabilidad penal individual.
Mientras el senador Juan Luis Castro calificó el mensaje del Mandatario como “tardío”, el diputado Marcos Ilabaca exigió “acciones reales” y advirtió que su tienda no estará disponible “para que se le siga pisoteando”.
