El tribunal de alzada rechazó la solicitud de la defensa y confirmó la medida cautelar por los presuntos delitos de cohecho y lavado de activos en el marco de la trama “Muñeca Bielorrusa”. La decisión fue adoptada de forma unánime.
Pese a que su defensa abogó por medidas cautelares menos gravosas, el tribunal accedió a la petición de la Fiscalía, que la investiga por tres delitos de cohecho y uno de lavado de activos en el marco del caso Muñeca Bielorrusa.
El abogado analizó el escenario legal de la exministra de la Corte Suprema, a horas de que el tribunal defina sus medidas cautelares. Según el académico especialista en Derecho Penal, las pruebas en contra de la exjueza son «abrumadoras».
Jorge Valladares, representante de la exjueza, cuestionó los antecedentes recopilados por la Comisión de Ética del máximo tribunal. Por su parte, Fiscalía defendió sus argumentos y reveló nuevos detalles sobre la declaración de Eduardo Lagos.
El abogado duda que la exministra de la Corte Suprema haya usado sus influencias únicamente en la trama bielorrusa. Aseguró que existen “muchos fallos controvertidos”, como la rebaja “importante” de multa a Julio Ponce Lerou en el caso Cascadas.
El representante de la estatal expuso que la exjueza actuó con premura en la tramitación de acciones judiciales presentadas por Belaz Movitec, porque necesitaba aprovechar el breve período en que presidiría la Tercera Sala de la Suprema.
La representante del Ministerio Público sostuvo que la libertad de la exjueza es un peligro para la sociedad y para el éxito de la investigación. Mientras, la defensa de la acusada calificó de «bastante débiles» los argumentos de la Fiscalía.
La audiencia de control de detención y formalización de la exjueza de la Corte Suprema comenzó con una petición de la defensa: que se suspendiera la detención por problemas de salud de la acusada. Pero el tribunal no accedió a la solicitud.
La destituida exintegrante de la Corte Suprema fue arrestada y será formalizada por cohecho y lavado de activos en la trama bielorrusa. El Ministerio Público evalúa pedir prisión preventiva.
La fiscalía abrió una causa reservada tras interceptaciones que vinculan a la presidenta del PS con Yamil Najle. Se indaga su presunto rol en nombramientos de conservadores.
En el fallo, los magistrados señalaron que de los antecedentes expuestos surgen indicios graves, precisos y concordantes de que Vivanco aceptó retribuciones económicas por parte de dos abogados de la empresa chileno-bielorrusa CBM.
E tribunal de alzada de Santiago analizó los cargos por la presunta participación de la exministra de la Corte Suprema en el caso. La Fiscalía insiste en avanzar hacia una eventual acusación formal contra la exmagistrada.
La suspensión, que empezará a regir desde el martes 9 de diciembre, fue acordada por el Tribunal Pleno del máximo tribunal, el mismo que el pasado 14 de noviembre ordenó la apertura de un sumario disciplinario en contra del juez.
El pleno de ministros de la Corte de Apelaciones de San Miguel ordenó iniciar una investigación sumaria administrativa en contra del ministro Carlos Farías Pino y del exministro Luis Sepúlveda Coronado, tras aparecer involucrados en la trama.
El suspendido conservador de Bienes Raíces realizó transferencias que suman $74,8 millones al destituido magistrado de la Corte de Apelaciones. Además, contrató a familiares de dos jueces que votaron por su nombramiento al asumir en Puente Alto.
A raíz de los vínculos entre el conservador Sergio Yáber con el diputado Cristián Araya (PRep) y el senador Matías Walker (Demócratas), el abogado lamentó la «cultura institucional de impunidad» ante este tipo de actos.
El texto acusa al ministro de la Corte Suprema de «notable abandono de deberes», por sus vínculos con abogados imputados en la causa y por fallar a favor del consorcio CBM sin declarar sus relaciones personales.
