Esta mañana el Ejecutivo presentó a la comisión de Minería del Senado la propuesta con la que pretende recaudar un 0,6% adicional del PIB y destinar recursos a los Gobiernos Locales y Regionales, con foco en las zonas mineras.
La comunidad insistió en una respuesta por parte de la empresa de propiedad del Grupo Luksic; mientras la concejala de Salamanca, Milena Báez, acusó una falta de voluntad por resolver el conflicto.
El parlamentario por Antofagasta destacó lo planteado en Radio Universidad de Chile por el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, José Miguel Ahumada, de avanzar en “escalar” la cadena de valor del mineral.
El jefe de Estado respondió a presidente del sector, Diego Hernández, quien criticó la propuesta constitucional. “Me hubiese avisado Don Diego que tenía que venir con traje de combate y hago otro discurso”, indicó Boric.
El académico de la Universidad de Chile y asesor de litio y salares del Ministerio de Minería se refirió al acuerdo con las universidades estatales para el desarrollo del conocimiento y de una estrategia nacional en torno a este recurso.
El parlamentario por la Región de Antofagasta criticó el rechazo y la campaña de las grandes mineras privadas que se oponen al proyecto de royalty minero que avanza en el Parlamento.
La Secretaría de Protección Civil del Gobierno mexicano negó que el bombeo y el resto de las labores hayan disminuido su intensidad como denuncían los familiares, y que se trabaja las 24 horas del día para rescatar a los trabajadores de la mina.
En la instancia el Gobierno anunció el inicio del proceso de ratificación del Convenio 176 de la OIT sobre salud y seguridad en las minas, materia que ha sido parte de la historia de reivindicaciones del movimiento sindical chileno, relevó Jara.
A pesar de los ofrecimientos de Codelco, los dirigentes de los gremios manifestaron sus intenciones de una eventual continuidad de la fundición, algo que ya había sido expresado tras alcanzar un acuerdo con el Ejecutivo.
El director del Centro de Estudios Tributarios elogió algunos aspectos de la reforma, como las medidas ligadas a los cuidados. No obstante, llamó a no alimentar las expectativas en torno a la recaudación del impuesto a los altos patrimonios.
Con la política, el Gobierno estima que en el 2023 la recaudación llegará a un 0,6 por ciento del PIB, para ir aumentando progresivamente a 1,8 por ciento en el 2024, a 3,1 por ciento en 2025, hasta llegar a un 4,1 por ciento en régimen.
El legislador manifestó sus dudas respecto a la forma con que se llevará a cabo el proceso en la división y manifestó que “tenemos que aumentar la capacidad de fundir y refinar para sacar todos los productos que nuestro país necesita”.