Manuela Royo criticó la decisión del comité de ministros de dar luz verde al proyecto. La medida causó rechazo también entre agrupaciones sociales y medioambientales por el impacto que podría generar en glaciares y la cuenca del río Mapocho.
Además, en los próximos días se revisará en el Parlamento el proyecto de royalty minero. “Vemos mejor disposición en los empresarios mineros que en los políticos de derecha que defienden no sé qué intereses”, comentó el senador Juan Ignacio Latorre.
Según los organismos, se trata de un proyecto que coloca en serio riesgo el abastecimiento de agua para la cuenca de Santiago y la Región de Valparaíso, ambas afectadas por un escenario de fuerte sequía en los últimos años.
Los trabajadores de la División el Teniente de la minera, acusaron despidos injustificados luego de una negociación colectiva en 2021. La senadora Alejandra Sepúlveda calificó el hecho como una vulneración de derechos.
Entre las medidas que fueron adelantadas por el titular de Hacienda, se establece la idea de tener una carga tributaria máxima del 50 por ciento con el objetivo de “darle más seguridad a los inversionistas del sector”.
El diputado Andrés Celis aseguró que el mejor modelo de explotación del litio es conceder “libre acceso al sector privado”, mientras que expertos avalan las capacidades del Estado para desarrollar un polo económico y hacer frente al extractivismo.
El Consejo Directivo de Industrial Chile Constramet declaró que la propuesta del subsecretario de Minería responde a intereses de la actual industria del litio y defendió la creación de la empresa nacional para la explotación del elemento energético.
A juicio del representante de Antofagasta, no todas las empresas privadas cumplen las condiciones para involucrarse en la explotación del mineral.
Ad portas de que el Gobierno presente su plan respeto a la creación de la Empresa Nacional de Litio, el subsecretario de Minería, Willy Kracht Gajardo, fue criticado por contemplar que el mineral pueda ser explotado por empresas privadas.
El funcionamiento del yacimiento es discutido por las comunidades indígenas atacameñas, que interpusieron una reclamación ante el tribunal contra la Superintendencia de Medio Ambiente por autorizar su operación.
Javiera Calisto subrayó que desde un comienzo Andes Iron no cumplió con los estándares exigidos para el desarrollo de la minera cerca de un área de alto valor natural. Además, pidió a la empresa no seguir dividiendo a la comunidad.
El parlamentario insistió en la importancia de resguardar el ecosistema para las futuras generaciones y advirtió que de aprobar el Gobierno la iniciativa minero portuaria “habemos muchos que quedaremos con una desafección tremenda”.