Condenas transversales y cuestionamientos por fallas de seguridad marcaron el análisis en la Comisión de Educación del Senado, mientras la U. Austral anunció investigaciones internas, sanciones y refuerzo de protocolos tras el violento episodio.
Desde la Asociación Chilena de Municipalidades advirtieron que resulta inviable traspasarles la responsabilidad de ejecutar estos recursos y propusieron “evaluar alternativas más eficientes”, como transferencias directas a familias vulnerables.
La abogada querellante Carolina Vega del Estudio Caucoto Abogados, valoró la sentencia señalando que “después de décadas de impunidad, por fin se ratifica la condena contra los responsables de torturas brutales”.
“Aunque es un medicamento muy común y seguro cuando se utiliza en las dosis indicadas, consumirlo en grandes cantidades puede poner en riesgo la salud de nuestros niños y adolescentes” se advierte.
La cifra fue entregada luego de una consulta realizada por la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, la senadora Fabiola Campillai.
El oficialismo reconoció que el Palacio cumple “función más bien de oficina” y que no se “podría cuestionar” si la actividad se hubiera desarrollado en Cerro Castillo. Desde la oposición prendieron las alarmas por el uso de recursos públicos.
Las advertencias se registraron en distintas regiones del país y motivó el pronunciamiento de autoridades locales, parlamentarios y gremios docentes. Mientras, en la Cámara se acelera la discusión para reforzar la seguridad en comunidades educativas.
El diputado oficialista sostuvo que el proyecto debe tramitarse de forma íntegra y con urgencia, enfatizando la necesidad de impulsar nuevas medidas para reactivar la economía y apoyar a la clase media en un escenario de desaceleración.
El organismo señaló que la TGR es la entidad encargada de cobrar todo crédito “de los cuales ha operado la garantía estatal (…) sin perjuicio de que para ese fin pueda celebrar convenios de administración con entidades financieras respectivas”.
La ministra Mara Sedini evitó entregar detalles concretos sobre el financiamiento del almuerzo, mientras que parlamentarios del PS exigen que el Ejecutivo aclare si se destinaron recursos fiscales en el encuentro.
El director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana afirmó que la transparencia del Gobierno es destacable, pero advirtió que las cifras entregadas semana a semana “puede generar sentidos de urgencia desmesurados”.
El subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira, afirmó que la actual administración asegurará la continuidad del programa. Además, recalcó que presentarán un anteproyecto de ley para reformar y fortalecer al INDH.
El triunfo del exalcalde de Concepción es leído al interior del partido como una señal de continuidad respecto de la actual conducción.
El titular de Vivienda acudió a la Fiscalía tras detectar que la empresa a cargo de la reconstrucción en El Olivar utilizó materiales no certificados, poniendo en riesgo la estabilidad de las viviendas.
El director de Espacio Público señaló que el Mandatario encarna una mirada “muy neoliberal”, que no por ello deja de lado la “batalla cultural”. A su juicio, era “ridículo” pensar que solo se enfoncaria en economía y seguridad.
El mandatario dará a conocer este miércoles los ejes de su estrategia para reactivar la economía, sanear las arcas fiscales y fortalecer el empleo en un mensaje televisado a todo el país.
El director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile sostuvo que la legislación aprobada en 2023 ha producido criterios judiciales dispares y que aún no existen datos suficientes para determinar si ha cumplido su objetivo de proteger a las policías.
