“Lamentamos que un proyecto con tal impacto en los derechos humanos se tramitara de forma acelerada en la Cámara”, señaló el organismo en un comunicado, echando en falta la “participación de especialistas independientes o de la sociedad civil”.
El pleno del organismo deberá revisar 14 articulados relativos a los capítulos del anteproyecto constitucional, entre los que destaca el ingreso de un umbral del 5% para el acceso de partidos al Congreso y normas sobre libertad de elección.
La titular de Interior adelantó que este martes el Ejecutivo firmará un compromiso con gobernadores y asociaciones de municipios que se traducirá en proyectos de ley en pos de fortalecer a los territorios en el combate al delito.
La presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades se reunió con el presidente del Senado a quien planteó la urgencia de aprobar una norma que da más facultades a los gobiernos comunales en el combate a la delincuencia.
El abogado enfatizó en la necesidad de dejar un espacio para que sean las leyes las que aborden en detalle las aspiraciones y planes de los chilenos y chilenas y advirtió que “si constitucionalizamos todo, lo que ocurre es que se judicializa todo”.
Diálogos participativos ciudadanos “Gran Valparaíso, el Transporte que queremos” es el nombre de la iniciativa con la que el Ejecutivo recogerá la opinión de la gente para diseñar la próxima regulación del sistema de transporte público.
“Bajo la inminente ley Naín-Retamal las violaciones de derechos humanos podrían volver a ocurrir con mayor frecuencia y con menos posibilidad de ser sancionados”, señaló Rodrigo Bustos, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile.
El senador de la Democracia Cristiana hizo un llamado a sus pares a legislar con prudencia y consideró que las indicaciones presentadas por el Ejecutivo a la propuesta “van en la dirección correcta”.
Estos signos serían derivados de lo dicho ayer a Carabineros en el día del Joven Combatiente, lo que habría sido visto como “contradicción” en la colectividad.
Al igual que el resto de su bancada, el parlamentario del Partido Comunista votó en contra de la iniciativa, ya que considera que no soluciona los problemas de seguridad. A su juicio, lo que sí aportaría es una reforma a Carabineros.
Además, la Sala aprobó en tiempo récord cuatro proyectos sobre seguridad ciudadana que fueron parte de los acuerdos establecidos en el fast track legislativo, tras la muerte de la carabinera, Rita Olivares.
La entidad criticó la aprobación de la iniciativa, calificándola como “gatillo fácil” y que otorga potestades sin límite a las policías. Además, recordó la recomendación de la ONU de realizar reformas estructurales en Carabineros.
Sostuvieron, además, que estos cambios deben ir acompañados con una garantía efectiva de participación y transparencia que permita a la ciudadanía involucrarse activamente en el régimen de gobierno que vaya desarrollando estos derechos.
De acuerdo a los docentes, el Gobierno se comprometió a enviar un proyecto de ley en diciembre de 2022. “No estamos pidiendo una ayuda, es un derecho que tenemos las y los profesores”, dijo la secretaria nacional del gremio, Patricia Muñoz.
La iniciativa busca agravar las penas de delito por porte de armas en lugares altamente concurridos e incluye a los establecimientos de educación públicos y privados, los centros de salud y medios de transporte público y de carga
A pocas horas de que la Comisión Experta defina sus primeras normas constitucionales, académicos si bien coincidieron con reducir los partidos en el Congreso, manifestaron sus dudas sobre si esta materia debiera ser abordada en la nueva constitución.
“Estamos en un momento bastante virtuoso y es una oportunidad que este Gobierno no quiere desaprovechar”, afirmó Hernando respecto a la política nacional del litio.
