El proyecto, mandatado por el Ministerio del Interior y apoyado por el Banco Interamericano de Desarrollo, contribuirá con un instrumento para la toma de decisiones político-criminales, el cual será dado a conocer el primer trimestre de este año.
La autoridad destacó que el acuerdo refuerza los vínculos entre ambos países para el combate contra el crimen organizado mediante la promoción de una serie de acciones, entre ellas, compartir información sobre los líderes de dichas estructuras.
En el anuncio, que contó con la participación de representantes de la DC y alcaldes, detallaron que la medida busca facultar al Presidente de la República para extender la protección a zonas rurales y urbanas por razones de seguridad ciudadana.
En el marco de su visita a Guatemala, el Presidente Boric relevó que “la gran mayoría de países se ha pronunciado claramente por el cese al fuego”. Además, abordó la crisis de seguridad en Ecuador asegurando que “Chile tiene instituciones fuertes”.
Con el objetivo de fortalecer la iniciativa, el subsecretario del Interior coordinará un grupo compuesto por efectivos de Carabineros, la PDI e Inteligencia. Respecto a la situación del general Yáñez, reiteró que está en “evaluación”.
En la organización cuestionaron la falta de avance de la iniciativa que permitiría la recuperación de terrenos e inmuebles abandonados y que se mantiene estancada en la comisión de Seguridad de la Cámara desde mayo pasado.
Además, el académico de la Universidad Mayor planteó que existe una “debilidad institucional permanente”, el cual, incluso, ha derivado en un “pacto de convivencia con los narcos”.
El profesor de la Universidad San Francisco de Quito afirmó que en el país existe “una situación agravada de crimen”, aunque descartó que la crisis pueda derivar en una guerra civil. “Me parece que no es exacto”, indicó.
La autoridad anunció que “la PDI está recabando toda la información respecto a las personas que forman parte de las estructuras criminales que hoy día someten a esta crisis al país” para evitar su ingreso al territorio nacional.
Pese a valorar la cita con el Ejecutivo, los jefes comunales expresaron su preocupación ante una “falta de urgencia” para abordar la delincuencia y dijeron esperar que el aumento de recursos a los municipios se transformen en herramientas concretas.
La medida fue bien recibida por el líder del órgano persecutor, que busca homologar la entrega de inmuebles en manos de bandas criminales a los municipios para avanzar en la recuperación de espacios públicos.
El ex subsecretario de Defensa, Gabriel Gaspar, instó a convocar al Cosena, con las FF.AA en la mesa, porque los diagnósticos “no están bien hechos”. Mientras, el académico Felipe Agüero dijo que los militares no tienen función en el orden público.
La autoridad financiará un proyecto con el objeto de entregar mayor tecnología para desbaratar bandas criminales. Esto, tras una reunión junto al Fiscal de la Zona Metropolitana Sur, Héctor Barros, y un grupo de alcaldes de la RM.
La senadora Rincón dijo que “hay que evaluar qué ha pasado en el país que todos los días mueren personas”. Mientras, el diputado Raúl Soto señaló que dada la magnitud de la crisis, el aumento del 5,7% en el presupuesto de seguridad será insuficiente.
El subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, ordenó la entrega de un nuevo protocolo al fiscal nacional para que la medida entre en vigencia. La propuesta pretende recuperar espacios comunitarios y fortalecer el control territorial.
El edil criticó la aprensión del Gobierno respecto a tomar medidas excepcionales contra el crimen organizado. En esa línea, destacó que hoy la delincuencia cuenta con un tipo de armamento sofisticado “muy por encima” al de Carabineros.
Desde RN acusaron al Ejecutivo de estar lleno “de complejos ideológicos” que limitan la agenda de seguridad. Mientras, los parlamentarios Diego Melo (PS) e Iván Flores (DC) llamaron a evaluar lo que “se ha hecho hasta ahora” y dar “señales concretas”
