En la agrupación dijeron ver con preocupación “el desamparo en que nos encontramos ante la delincuencia”. Mientras la Federación de Agricultores de la Región de O’Higgins dio un ultimátum y demandó convocar al COSENA en un plazo de 48 horas.
El abogado y líder de la entidad, Anuar Quesille, además confirmó conversaciones con la subsecretaría del Interior para abordar la crisis de seguridad que enfrentan niños, niñas y adolescentes en el país.
Tras participar en una reunión con la ministra del Interior, Carolina Tohá, la legisladora por La Araucanía destacó la disminución de los hechos de violencia en la zona y sugirió extrapolar la estrategia del Estado en otros sectores del país.
El subsecretario del Interior respondió a las declaraciones del persecutor, quien no descartó la presencia del líder narco “Fito” Macías en Chile. “Evidentemente, esa información no es pública, pero es un trabajo que siempre se realiza”, señaló.
El proyecto, mandatado por el Ministerio del Interior y apoyado por el Banco Interamericano de Desarrollo, contribuirá con un instrumento para la toma de decisiones político-criminales, el cual será dado a conocer el primer trimestre de este año.
La autoridad destacó que el acuerdo refuerza los vínculos entre ambos países para el combate contra el crimen organizado mediante la promoción de una serie de acciones, entre ellas, compartir información sobre los líderes de dichas estructuras.
En el anuncio, que contó con la participación de representantes de la DC y alcaldes, detallaron que la medida busca facultar al Presidente de la República para extender la protección a zonas rurales y urbanas por razones de seguridad ciudadana.
En el marco de su visita a Guatemala, el Presidente Boric relevó que “la gran mayoría de países se ha pronunciado claramente por el cese al fuego”. Además, abordó la crisis de seguridad en Ecuador asegurando que “Chile tiene instituciones fuertes”.
Con el objetivo de fortalecer la iniciativa, el subsecretario del Interior coordinará un grupo compuesto por efectivos de Carabineros, la PDI e Inteligencia. Respecto a la situación del general Yáñez, reiteró que está en “evaluación”.
En la organización cuestionaron la falta de avance de la iniciativa que permitiría la recuperación de terrenos e inmuebles abandonados y que se mantiene estancada en la comisión de Seguridad de la Cámara desde mayo pasado.
Además, el académico de la Universidad Mayor planteó que existe una “debilidad institucional permanente”, el cual, incluso, ha derivado en un “pacto de convivencia con los narcos”.
El profesor de la Universidad San Francisco de Quito afirmó que en el país existe “una situación agravada de crimen”, aunque descartó que la crisis pueda derivar en una guerra civil. “Me parece que no es exacto”, indicó.
La autoridad anunció que “la PDI está recabando toda la información respecto a las personas que forman parte de las estructuras criminales que hoy día someten a esta crisis al país” para evitar su ingreso al territorio nacional.
Pese a valorar la cita con el Ejecutivo, los jefes comunales expresaron su preocupación ante una “falta de urgencia” para abordar la delincuencia y dijeron esperar que el aumento de recursos a los municipios se transformen en herramientas concretas.
La medida fue bien recibida por el líder del órgano persecutor, que busca homologar la entrega de inmuebles en manos de bandas criminales a los municipios para avanzar en la recuperación de espacios públicos.
El ex subsecretario de Defensa, Gabriel Gaspar, instó a convocar al Cosena, con las FF.AA en la mesa, porque los diagnósticos “no están bien hechos”. Mientras, el académico Felipe Agüero dijo que los militares no tienen función en el orden público.
La autoridad financiará un proyecto con el objeto de entregar mayor tecnología para desbaratar bandas criminales. Esto, tras una reunión junto al Fiscal de la Zona Metropolitana Sur, Héctor Barros, y un grupo de alcaldes de la RM.
