“Durante las últimas semanas hemos visto una reiteración bastante permanente de delitos sumamente violentos y eso nos tiene que llamar a la acción”, sostuvo el jefe comunal.
El tribunal revocó la resolución del juez Daniel Urrutia, la cual también autorizaba a los internos del Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad a acceder a visitas conyugales.
El presidente del Partido Comunista también se refirió a la lucha contra la delincuencia y señaló que “el Gobierno está dando pasos importantes en hacer protocolos, tener intercambios sin que estos sean publicidad, para ver cómo se coopera”.
Joel Olmos destacó la importancia de que los municipios tengan un mayor control de las estrategias que se aplican en materia de seguridad. “Tiene que ver con la transparencia de los procesos administrativos involucrados en las decisiones”, dijo.
Fortalecer el monitoreo en la frontera para impedir el trafico ilícito, robustecer la fiscalización de armamento inscrito legalmente y ampliar el Programa Microtráfico Cero, son algunas de las estrategias que busca implementar el Gobierno.
Los ingresos que recibirá el municipio por este servicio irán destinados directamente en mejoras en la seguridad del plan de la comuna, permitiendo una mayor inversión en la iluminación de las calles y la vigilancia de las mismas.
El diputado republicano Agustín Romero aprobó convocar a una sesión especial para exigir explicaciones al Gobierno, mientras que su par de Evópoli, Francisco Undurraga, dijo que la solución del problema está en manos del Ministerio Público.
El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, aseguró que se han dispuesto “recursos policiales de otras regiones para no tocar ninguno de los ya destinados en materia de la emergencia”.
La exautoridad coincidió con las aprensiones del jefe del Ejército, Javier Iturriaga, quien durante la última sesión del Cosena, aseguró que su institución no cuenta con el “entrenamiento” para asumir tareas de resguardo del orden público.
Respecto a la insistencia de ciertos sectores que apoyan el despliegue militar en las calles, la secretaria de Estado indicó que “son estos mismos quienes nos dicen que no es una buena idea o tiene más riesgo que posibilidades de ayudar”.
El general Javier Iturriaga advirtió respecto al resguardo de infraestructura crítica, que hay capacidad para proteger instalaciones, pero que sus funcionarios no tienen formación en labores “en las que hay que interactuar con la población”.
En la instancia liderada por el Presidente Boric, relevaron la importancia de dar nuevos pasos en prevención del delito en los barrios. En la próxima sesión abordarán el ámbito carcelario y el rol que están jugando las FF.AA. en materia de seguridad.
El investigador descartó que estemos en una “situación límite” donde el uso de las FF.AA. sea la única solución. Sobre las reglas de uso de la fuerza, subrayó que “por tener una visión legal” no cambia la naturaleza de la preparación militar.
Las FF.AA. habrían entregado observaciones “técnicas” al respecto, según afirmaron los presentes. Por su parte, el Presidente Boric aseguró que actuará “sin ningún tipo de complejo” para impedir que el crimen organizado se consolide en el país.
Tanto el presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Cifuentes (DC), como el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), manifestaron su disposición para discutir la emergencia que enfrenta la Región de Valparaíso.
La experta en seguridad destacó la necesidad de que el país se replantee las medidas que se han tomado en los últimos 20 años en esta materia. Por otro lado, cuestionó la efectividad de las Fuerzas Armadas en el control del orden público.
Mientras que la oposición pide mayores garantías para que las FF.AA. no paguen un “costo procesal” durante el desempeño de sus funciones, desde el PC instaron a prevenir el riesgo de vulneraciones a los derechos humanos con esta nueva legislación.
