Desde la ANDEDH y AFFINDH condenaron la ley Naín Retamal y la medida de Fiscalía de solicitar prisión preventiva para todas las personas migrantes no regularizadas, llamando al Consejo del INDH a pronunciarse.
La académica de Derecho de la Universidad de Chile cuestionó el establecimiento de prisión preventiva a migrantes indocumentados y señaló que, de avanzar en este tipo de iniciativas, se podrían poner en jaque las libertades personales en el país.
El subsecretario Manuel Monsalve señaló que en el encuentro se abordaron tres tareas específicas, que apuntan a mejorar la protección de funcionarios en procedimientos, superar brechas de recursos humanos y la intervención en 30 comunas del país.
Según la titular de la Segegob, el Mandatario en una reunión con colectividades sostuvo que “independientemente de las diferencias, podemos entrar a trabajar en aquellos aspectos que son eficaces en los elementos que se requieran reparar”.
A juicio del experto en seguridad y académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, la entrega de tareas de orden público a los militares resultaría poco efectiva y además pasaría llevar el sistema democrático.
El abogado especialista en derecho penal, José Henríquez, aclaró que “no existe ninguna normativa legal que establezca que el elemento diferenciador para imponer la prisión preventiva sea no tener documento de identidad y ser extranjero”.
El mandatario encabezó una serie de reuniones luego de conocer del nuevo crimen de un funcionario policial la noche de este miércoles. Entre otras medidas, anunció que se destinarán nuevos recursos para el combate de la delincuencia.
Con la defunción del efectivo, la UDI presentó un proyecto de reforma constitucional para crear el “Estado de Excepción Constitucional de Riesgo”, mientras que en el oficialismo, el PS impulsa garantizar el registro audiovisual de los operativos.
El representante de la Defensoría de Migrantes rechazó la decisión dada a conocer por el Fiscal Nacional Ángel Valencia. La autoridad del Ministerio Público indicó que la inexistencia de documentos entorpece el desarrollo de las investigaciones.
Previo a darse a conocer la decisión del Gobierno, la diputada y segunda vicepresidenta de la Cámara, Catalina Pérez, había descartado la opción de llevar los artículos que elevan las penas y restringen beneficios carcelarios al TC.
La académica del Departamento de Ciencias Penales de la Universidad de Chile insistió en sus críticas sobre la disposición que plantea la legítima defensa de las policías, puesto que a su juicio la técnica legislativa usada “induce a una confusión”.
“Vamos a tener focos investigativos donde hay tráfico de armas, vamos a focalizar la persecución penal para esclarecer homicidios y delitos violentos”, comunicó la secretaria de Estado.
A raíz de la muerte del cabo Daniel Palma, el oficialismo bregó por políticas de desarme civil, mientras que la oposición llamó a promulgar la ley Nain-Retamal con celeridad.
Durante el debate, la ministra del Interior, Carolina Tohá, llamó a “dejar atrás la idea de las policías en disputa”. Además, emplazó a trabajar para subir el estándar de la función de las instituciones encargadas de la seguridad y el orden público.
El jefe de bancada del PC acusó que a pesar de no haber dado la unanimidad, la mesa de la Cámara y el resto de comités parlamentarios hicieron una reinterpretación de la norma para llamar al debate de la controvertida propuesta.
El edil señaló que las medidas presentadas por el Ejecutivo implican que el Estado disponga de los recursos suficientes para materializarlas. Así todo, aseguró que la agenda va en el camino correcto en cuanto se enfoca en la prevención.
Previo a la votación del proyecto en el Senado, el Gobierno presentó la agenda con la que busca entregar más herramientas a Gobiernos Regionales y Municipios en términos de prevención del delito y atención a víctimas.
