Además, el académico de la Universidad Mayor planteó que existe una “debilidad institucional permanente”, el cual, incluso, ha derivado en un “pacto de convivencia con los narcos”.
El profesor de la Universidad San Francisco de Quito afirmó que en el país existe “una situación agravada de crimen”, aunque descartó que la crisis pueda derivar en una guerra civil. “Me parece que no es exacto”, indicó.
La autoridad anunció que “la PDI está recabando toda la información respecto a las personas que forman parte de las estructuras criminales que hoy día someten a esta crisis al país” para evitar su ingreso al territorio nacional.
Pese a valorar la cita con el Ejecutivo, los jefes comunales expresaron su preocupación ante una “falta de urgencia” para abordar la delincuencia y dijeron esperar que el aumento de recursos a los municipios se transformen en herramientas concretas.
La medida fue bien recibida por el líder del órgano persecutor, que busca homologar la entrega de inmuebles en manos de bandas criminales a los municipios para avanzar en la recuperación de espacios públicos.
El ex subsecretario de Defensa, Gabriel Gaspar, instó a convocar al Cosena, con las FF.AA en la mesa, porque los diagnósticos “no están bien hechos”. Mientras, el académico Felipe Agüero dijo que los militares no tienen función en el orden público.
La autoridad financiará un proyecto con el objeto de entregar mayor tecnología para desbaratar bandas criminales. Esto, tras una reunión junto al Fiscal de la Zona Metropolitana Sur, Héctor Barros, y un grupo de alcaldes de la RM.
La senadora Rincón dijo que “hay que evaluar qué ha pasado en el país que todos los días mueren personas”. Mientras, el diputado Raúl Soto señaló que dada la magnitud de la crisis, el aumento del 5,7% en el presupuesto de seguridad será insuficiente.
El subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, ordenó la entrega de un nuevo protocolo al fiscal nacional para que la medida entre en vigencia. La propuesta pretende recuperar espacios comunitarios y fortalecer el control territorial.
El edil criticó la aprensión del Gobierno respecto a tomar medidas excepcionales contra el crimen organizado. En esa línea, destacó que hoy la delincuencia cuenta con un tipo de armamento sofisticado “muy por encima” al de Carabineros.
Desde RN acusaron al Ejecutivo de estar lleno “de complejos ideológicos” que limitan la agenda de seguridad. Mientras, los parlamentarios Diego Melo (PS) e Iván Flores (DC) llamaron a evaluar lo que “se ha hecho hasta ahora” y dar “señales concretas”
La ministra Camila Vallejo indicó que el Gobierno está disponible para evaluar el uso del presupuesto de emergencia. A su vez, destacó que el Ejecutivo está trabajando en “aumentar los recursos en seguridad a través del pacto fiscal”.
Parlamentarios discrepan de indicadores de mejoramiento en ambos temas. El diputado Jouannet (Amarillos) responsabilizó al Presidente Boric, por “su escaso liderazgo, su nula capacidad de entender la dignidad del cargo y su pobre autoridad política”.
En CNN, el delegado presidencial de la zona apuntó al Estado de Excepción Constitucional y el diálogo realizado por la Comisión para la Paz y el Entendimiento como medidas que han derivado en una disminución de la violencia durante este 2023.
El grupo de organizaciones señaló que se ha empujado una “agenda de improvisaciones” en seguridad, con nula efectividad en poblaciones más vulnerables. Esto, luego del tiroteo que dejó tres fallecidos, entre ellos a una menor de edad.
Luego de entregar 187 vehículos policiales que serán distribuidos en 93 comunas del país, el Mandatario defendió el trabajo de los uniformados así como también la estrategias que ha adoptado el Gobierno en este ámbito.
Mientras el titular de la Segpres recalcó que la cifra es mayor que “todos los gobiernos anteriores desde que recuperamos la democracia”, el diputado Sauerbaum (RN) espera que el Gobierno “más que grandes números, tenga soluciones concretas”.
