Patricio Quisbert respaldó el acuerdo al que llegaron su bancada y el Gobierno. Sin embargo, respecto a la rebaja en el impuesto empresarial, indicó que hay que ver “si realmente va a generar inversión y empleo”.
El mandatario inició el cumplimiento de su promesa de campaña destinando parte de su primera remuneración a tres instituciones, como una señal de austeridad ante la situación económica del país.
La cartera de Vivienda calificó de “sin sustento” la querella presentada por Social Arquitectura, defendiendo que las decisiones buscan resguardar la seguridad de las familias y el buen uso de los recursos públicos.
El analista Marco Moreno advierte que el Ejecutivo enfrenta complicaciones debido al diseño comunicacional y una estrategia sin coherencia, lo que impacta en la legitimidad de sus decisiones ante la opinión pública.
Parlamentarios del Frente Amplio, el PC y exautoridades acusaron a la administración de beneficiar a los “superricos” y de utilizar la reconstrucción como “escudo humano” para aprobar su reforma tributaria.
El presidente del gremio, Mario Aguilar, denunció que los recortes presupuestarios del Ejecutivo buscan retroceder en garantías básicas, afectando programas de alimentación y salud escolar.
En el acto del Día del Trabajador, José Manuel Díaz calificó a la administración como “indolente”, criticó el recorte del gasto público y llamó a la oposición a unificarse para recuperar el voto popular.
Tras un informe técnico de la SEC que validó el desempeño de la empresa entre 2019 y 2025, el Ministerio de Energía cerró el proceso de caducidad iniciado durante la administración anterior.
La titular de Seguridad anunció acciones legales por injurias y calumnias luego de que el parlamentario comunista solicitara su renuncia, acusando riesgos de infiltración delictiva.
El titular de Vivienda enfatizó que “tiene un solo jefe” y relativizó el rol de Jorge Quiroz. Desde la UDI calificaron sus dichos como una “insolencia del porte de un buque” y la oposición cuestionó su “tono de programa de televisión”.
Dirigentes del progresismo y abogados del sector abordaron la reserva de constitucionalidad respecto de la megarreforma impulsada por el Gobierno. Cuestionan la variedad de temas y la invariabilidad tributaria.
En medio de la controversia por los ajustes fiscales, Javier Macaya (UDI) y Agustín Romero (PRep) respaldaron al jefe de la billetera fiscal y criticaron a quienes “irresponsablemente quieren hacer política desde la oposición”.
El titular de Vivienda definió a su par de Hacienda como “un ministro más entre muchos” y descartó que tenga autoridad para exigirle reducir partidas que él estima prioritarias. Así, aseguró que no recortará proyectos que considera fundamentales.
El mandatario relató en Coyhaique que rompió el protocolo de seguridad para acercarse a un hombre con megáfono y pedirlo prestado: “No quería, lo escondió, pero al final me lo pasó”.
El Ejecutivo aseguró que los ajustes no afectarán “ningún beneficio” y que el objetivo es la “buena ejecución” de los programas sociales. Desde la izquierda exigieron transparentar el alcance real de estas medidas y los decretos aún no conocidos.
Parlamentarias del FA denunciaron errores de cálculo y falta de información en el proceso a cargo de la Tesorería General de la República. La propuesta busca que el cobro incluya criterios respecto a la capacidad económica de las personas.
El organismo determinó que la Secretaría General de Gobierno no pudo “sustentar técnicamente los términos empleados”. Por ello, la CGR ordenó a la ministra Mara Sedini “adoptar medidas para evitar nuevas comunicaciones imprecisas”.
