Durante la cuarta sesión de la comisión revisora del libelo acusatorio, el abogado del magistrado, Domingo Hernández, cuestionó la solidez de los argumentos jurídicos del texto presentado por el oficialismo.
El parlamentario defendió la acusación constitucional que apunta al juez de la Corte Suprema vinculado con Luis Hermosilla. Para el diputado socialista, el magistrado cayó en una “vulneración constante de sus deberes”.
La acusación constitucional presentada por parlamentarios oficialistas responde al malestar generado por la decisión de la Suprema de mantener en su cargo al magistrado, a pesar de sus nexos con la red de tráfico de influencias de Hermosilla.
Desde el Gobierno llamaron al Congreso Nacional a centrarse en “sacar adelante las leyes que el país necesita”. La derecha lamentó que algunos votaran pensando en “cupos parlamentarios”.
Tras dar a conocer los argumentos de las distintas partes respecto del libelo, la votación sobre la admisibilidad de la acusación constitucional contra el delegado presidencial de la Región Metropolitana no resultó favorable para la derecha.
El parlamentario parte de la comisión revisora del libelo reiteró que el texto no tiene sustento jurídico. Además, dijo que la tragedia ocurrida en el Estadio Monumental no era previsible para la autoridad, por lo que la excluye de responsabilidad.
Los diputados que respaldaron el libelo fueron Agustín Romero (Republicanos), Gastón Von Mühlenbrock (UDI), Ximena Ossandón (RN) y Juan Fuenzalida (UDI). La acción solo contó con el voto en contra de Patricio Rosas (FA).
El llamado desde la derecha hacia los partidos de centro ha sido que los “compromisos se cumplan tal como se habló” y a no ceder a “presiones de la izquierda”. Todo, en miras a un eventual “acuerdo parlamentario” a futuro.
Según la defensa, el libelo se basa en una interpretación errónea de la Constitución al invocar una norma de resguardo del orden público que dejó de regir desde la creación del Ministerio de Seguridad. La Cámara Baja vota el texto este martes.
A menos de 48 horas de que se pronuncie la Cámara Baja, la derecha resiente anuncios de ausencias junto a descuelgues del sector, mientras que desde el denominado centro político aún no notifican su postura final.
El libelo plantea la responsabilidad constitucional del delegado por no cumplir con sus obligaciones en el resguardo del orden público, en el marco del partido entre los clubes de fútbol profesional Colo-Colo y Fortaleza en el Estadio Monumental.
En su defensa, advirtió que los acusadores “invocan erróneamente la causal de infracción a la Constitución, confundiéndola con la causal de infracción a las leyes”. Además, explicó la decisión de no suspender el partido de Colo Colo y Fortaleza.
Los jefes comunales expresaron su rechazo al texto acusatorio y respaldaron al delegado presidencial de la RM. Los parlamentarios opositores desestimaron el apoyo de los ediles y afirmaron: “Nosotros no nos involucramos en decisiones municipales”.
La acción está relacionada con los incidentes ocurridos fuera del Estadio Monumental que terminaron con dos fallecidos. La autoridad de la Región Metropolitana ha insistido que la acusación constitucional “no tiene ningún fundamento jurídico”.
Los diversos sectores del Parlamento comienzan a tomar posturas más definidas respecto del texto acusatorio y la oposición cree contar con los votos para avanzar. Desde el oficialismo, tildaron la acción de “inútil” ante el problema de fondo.
El apoyo del Partido Demócratas podría ser clave para conseguir los votos necesarios para que el texto prospere. No obstante, desde dicha colectividad ponen paños fríos y afirman que analizarán los argumentos presentados por la derecha.
El delegado presidencial de la RM recalcó que “no hay fundamento jurídico” para una acusación constitucional por la tragedia en el Monumental. Además, dijo que dicha herramienta “no contribuye a los importantes desafíos que tenemos en esta materia”.
