El titular de Vivienda enfatizó que “tiene un solo jefe” y relativizó el rol de Jorge Quiroz. Desde la UDI calificaron sus dichos como una “insolencia del porte de un buque” y la oposición cuestionó su “tono de programa de televisión”.
Dirigentes del progresismo y abogados del sector abordaron la reserva de constitucionalidad respecto de la megarreforma impulsada por el Gobierno. Cuestionan la variedad de temas y la invariabilidad tributaria.
En medio de la controversia por los ajustes fiscales, Javier Macaya (UDI) y Agustín Romero (PRep) respaldaron al jefe de la billetera fiscal y criticaron a quienes “irresponsablemente quieren hacer política desde la oposición”.
El titular de Vivienda definió a su par de Hacienda como “un ministro más entre muchos” y descartó que tenga autoridad para exigirle reducir partidas que él estima prioritarias. Así, aseguró que no recortará proyectos que considera fundamentales.
El mandatario relató en Coyhaique que rompió el protocolo de seguridad para acercarse a un hombre con megáfono y pedirlo prestado: “No quería, lo escondió, pero al final me lo pasó”.
El Ejecutivo aseguró que los ajustes no afectarán “ningún beneficio” y que el objetivo es la “buena ejecución” de los programas sociales. Desde la izquierda exigieron transparentar el alcance real de estas medidas y los decretos aún no conocidos.
Parlamentarias del FA denunciaron errores de cálculo y falta de información en el proceso a cargo de la Tesorería General de la República. La propuesta busca que el cobro incluya criterios respecto a la capacidad económica de las personas.
El organismo determinó que la Secretaría General de Gobierno no pudo “sustentar técnicamente los términos empleados”. Por ello, la CGR ordenó a la ministra Mara Sedini “adoptar medidas para evitar nuevas comunicaciones imprecisas”.
El ministro de Hacienda aseguró que el Gobierno no tocará “ningún beneficio de ningún pensionado”. No obstante, apuntó a que pueden existir casos irregulares, es decir, personas que, al tenor de la ley, “no deberían obtener” la PGU.
El ajuste incluye una reducción de más de $12 mil 748 millones de pesos del presupuesto del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (ex Sename), además de otros servicios.
La multisindical buscaba llegar a los $637 mil pesos, mientras que el Ejecutivo, representado por los ministros Tomás Rau y Jorge Quiroz, planteó un alza basada en la variación del IPC. Con ello, el aumento sería cercano a $23 mil pesos.
En paralelo a este debate, la diputada abordó la discusión del sueldo mínimo y advirtió que, aunque es necesario subirlo tras el alza del costo de la vida, el reajuste debe aplicarse con gradualidad para no afectar el empleo formal ni a las pymes.
Ante la crisis por los recortes presupuestarios, el analista afirmó que parte de las respuestas del Ejecutivo son “poco creíbles”. Y apuntó a que el Segundo Piso aún “no se adapta al cambio entre tener un Kast en campaña, a un Kast como Presidente”.
La alcaldesa de Quinta Normal se refirió a la propuesta del Ejecutivo de eximir del pago de contribuciones a todos los mayores de 65 años. A su juicio, se trata de una medida “injusta” que podría impactar gravemente a los municipios.
El titular de Defensa advirtió que el recorte presupuestario implicará la reducción de vuelos a la Antártica y un menor monitoreo en zonas marítimas, lo que representa un riesgo ante la posible entrada de pesqueros ilegales al mar chileno.
Tras la propuesta de sectores de la oposición de fragmentar la iniciativa, el ministro de Hacienda aseguró que la ley “es un todo concatenado que reactiva y hace crecer”. “Es un todo que está junto”, insistió.
Parlamentarios de Renovación Nacional cuestionaron que desde la dirección del Instituto Nacional de Derechos Humanos se emitan juicios sin sustento técnico, los cuales terminan poniendo en duda la labor cotidiana de las fuerzas de orden.
