La controversia por el Informe de Finanzas Públicas y el anuncio de una acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, continuó este miércoles con nuevas declaraciones desde el Gobierno y distintas fuerzas políticas, entrelazándose con la discusión de la denominada megarreforma impulsada por la administración del Presidente José Antonio Kast.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, defendió nuevamente el contenido del informe fiscal y sostuvo que el Ejecutivo actuó con transparencia al exponer las diferencias detectadas en las proyecciones de deuda pública. “La mejor manera de fortalecer esa credibilidad fiscal es entregando la verdad fiscal y la verdad fiscal respaldada con números y respaldada con planillas de cálculo”, afirmó.

El titular de Hacienda añadió que la instancia adecuada para resolver las diferencias técnicas corresponde al trabajo entre Hacienda, Dipres y el Consejo Fiscal Autónomo. “La instancia institucional es el diálogo serio y técnico”, indicó.

Respecto de la acusación constitucional impulsada por el Partido Nacional Libertario y Republicanos en contra de su predecesor, Nicolás Grau, el ministro evitó respaldarla explícitamente. No obstante, señaló que “las herramientas fiscalizadoras corresponden al Congreso” y que serán los parlamentarios quienes deberán evaluar los antecedentes políticos y jurídicos disponibles.

“Lo que ocurre a nivel parlamentario no es un tema que me atañe, no es un tema donde yo tengo participación, y eso sigue el curso de las decisiones parlamentarias. En lo que respecta a mi rol, lo que nos interesa es recuperar lo antes posible nuestro crecimiento, recuperar el empleo”, manifestó Quiroz.

En paralelo, el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, abordó directamente la discusión sobre la acusación constitucional contra Grau y remarcó de igual manera que se trata de una atribución exclusiva de la Cámara de Diputados.

Sin embargo, García Ruminot reconoció que la discusión genera tensión política, aunque llamó a no afectar la tramitación del proyecto de reconstrucción impulsado por el Ejecutivo. “No tengo ninguna duda de que esto genera ruidos, pero el proyecto de reconstrucción y de desarrollo económico y social es tan importante para el Chile del futuro que creo que nada debería enturbiarlo”, sostuvo.

Kaiser y Romero defienden ofensiva

Pese a las declaraciones del Ejecutivo, la tensión en el oficialismo se ha hecho latente en las últimas horas por posiciones encontradas sobre el libelo contra la exautoridad del gobierno de Gabriel Boric. Desde el Partido Nacional Libertario, su presidente Johannes Kaiser defendió la presentación de la acusación constitucional y descartó que el contexto legislativo sea un impedimento para avanzar en ella.

“Siempre es un buen timing para hacer justicia, no nos podemos desentender de la necesidad de hacer valer las responsabilidades en una circunstancia que es súper compleja. El tema es que el ministro Grau entregó la administración hecha un desastre”, afirmó.

En cuanto a las voces de Chile Vamos que llaman a evaluar un mejor momento para la presentación de la acusación, Kaiser cuestionó: “¿No vamos a hacer nada porque es que no es el timing? ¿Cuándo es el timing para perseguir responsabilidades? ¿Cuándo es cómodo, cuándo es conveniente?”.

Por su lado, el diputado republicano y presidente de la Comisión de Hacienda, Agustín Romero, reforzó esa postura y apuntó directamente al extitular de Hacienda. Consultado por La Tercera, aseguró: “Tenemos que hacer responsables a la principal autoridad que tenía en su cargo esta área de las Haciendas Públicas, que es, naturalmente, el exministro Nicolás Grau”.

Además, respondió a las críticas provenientes de Chile Vamos, que apuntan al impacto político que podría generar la acusación en plena negociación de la megarreforma. “Tendrán que responder ellos ante su electorado. Si es así de simple. Nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer”, afirmó.

UDI pide coordinación

A través de una declaración pública, la bancada de la UDI manifestó preocupación por los antecedentes contenidos en el Informe de Finanzas Públicas y llamó a actuar con responsabilidad institucional antes de avanzar en una acusación constitucional.

En el documento, el partido señaló que cualquier acción de este tipo requiere “seriedad, fundamentos jurídicos sólidos y viabilidad política”, especialmente en medio de una discusión legislativa clave para el gobierno del Presidente José Antonio Kast.

Además, emplazaron directamente al diputado Romero por sus declaraciones. “Resulta del todo impropio y prepotente querer imponer posiciones a otros partidos mediante advertencias sobre eventuales costos electorales. Los tiempos de los eslóganes sobre la ‘derechita cobarde’ se terminaron. Hoy se requiere actuar con madurez y responsabilidad política”, expresaron.

En esa línea, el diputado UDI Eduardo Cretton cuestionó la forma en que se anunció la ofensiva contra Grau y pidió mayor coordinación entre las fuerzas oficialistas.

“Para nosotros no basta simplemente con anunciar acusaciones constitucionales, también hay que ganarlas. Esto no se puede transformar en una carrera frenética por quién anuncia primero una acusación constitucional por la prensa”, sostuvo.

Cretton planteó dudas respecto de si existieron conversaciones previas entre los impulsores de la iniciativa y el Gobierno. “Nosotros desde la UDI vamos a estudiar el mérito de esa acusación constitucional y vamos a tomar una decisión. Porque nosotros, a diferencia de lo que cree el diputado Romero, no actuamos por presiones de ningún tipo”, agregó.

Senadores oficialistas advierten impacto en negociaciones

Las críticas acerca del momento político para presentar un libelo también surgieron desde el Senado. La presidenta de la Cámara Alta, Paulina Núñez (RN), reconoció la legitimidad de las herramientas fiscalizadoras de la Cámara de Diputadas y Diputados, pero instó a no usarlas mientras dure la negociación por el proyecto de reconstrucción.

“Hoy es momento de diálogo, de conversar, debatir y entender que este proyecto tiene una tramitación clave para el crecimiento del país”, subrayó.

En la misma línea, el vicepresidente del Senado, Iván Moreira (UDI), afirmó que la facultad de presentar una acusación constitucional “no está en discusión”, pero cuestionó el momento escogido para impulsarla.

“Todo esto enrarece el ambiente político en los momentos que se requiere con urgencia sumar, no restar, para aprobar la reforma que Chile tanto necesita”, sostuvo.

Moreira además advirtió que la ofensiva podría abrir un precedente para futuras acciones contra ministros del actual gobierno. “Se le está abriendo la puerta a la izquierda a futuras acusaciones constitucionales a ministros de nuestro gobierno”, señaló.

En tanto, el senador RN Miguel Becker coincidió en que la prioridad debería estar puesta en la negociación legislativa. Al igual que Núñez, enfatizó que “éste no es el momento para iniciar acusaciones constitucionales, especialmente cuando estamos en pleno proceso de diálogo, negociación y avanzando en una posibilidad real de aprobar una reforma tan importante para el país”.