El académico de la UDP, Mauricio Duce, expuso que también los parlamentarios deberían manejar la información sobre las cárceles. Por su lado, desde la ONG Leasur enfatizaron que las decisiones de los tribunales y jueces están basadas en leyes.
Amnistía Internacional cuestionó la falta de cambios en la naturaleza militar de Carabineros. Mientras, Miguel Vivanco, vocero de familias víctimas de la PDI, acusó que “hay delitos en el país, pero también dentro de la policía hay delincuentes”
La diputada del Partido Comunista, Alejandra Placencia, apuntó a la baja efectividad que tendría la medida. Mientras el representante del Movimiento de Acción Migrante, Eduardo Cardoza, calificó el proyecto como un “juego de luces”.
El ex subsecretario de Defensa, Gabriel Gaspar, instó a convocar al Cosena, con las FF.AA en la mesa, porque los diagnósticos “no están bien hechos”. Mientras, el académico Felipe Agüero dijo que los militares no tienen función en el orden público.
Expertos y parlamentarios consultados por nuestro medio coincidieron en que la reforma ya no es parte del debate público: “No estamos caminando hacia contar con policías civiles y democráticas”, dijo la académica Alejandra Mohor.
La diputada integrante de la Comisión de Seguridad además defendió la rebaja de penas en el caso de las usurpaciones pacíficas: “No es lo mismo hacer una usurpación cuando no hay valla, que cuando uno hace una usurpación lesionando o matando”.
Los legisladores se reunieron con la subsecretaria de la Segpres, Macarena Lobos, a quien le plantearon los aspectos que deben ser evaluados por el Ejecutivo, entre ellos el de la legítima defensa privilegiada.
La diputada aseguró que con esta iniciativa se está poniendo el derecho a la propiedad por sobre el derecho a la vida. Asimismo, anunció que votará en contra de la idea de legislar, “porque no hay ninguna posibilidad de arreglarlo”.
La diputada fustigó la actitud de la oposición que ha puesto temas que generan conflictos para llegar a un acuerdo en materia de seguridad, como el indulto a los presos políticos, que no tiene nada que ver y es una atribución presidencial.
Por seis votos a favor, seis en contra y una abstención, se entendió por rechazada, al no haber mayoría, la moción de censura en contra de la presidenta de la Comisión de DD..HH. y militante del PC.
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos criticó la decisión de las subsecretarias de DDHH Lorena Fríes y Lorena Recabarren de no entregar los antecedentes a la justicia.
La subsecretaria de DD.HH. profundizó en el hallazgo de una serie de carpetas con testimonios de conscriptos de la Dictadura y no descartó que aparezcan más antecedentes “ya tenemos una fórmula para entregar lo que aparezca”, adelantó.
