El proyecto del Gobierno consiguió respaldo en la instancia, que tiene mayoría oficialista. El ministro Jorge Quiroz afirmó que “a uno le gustaría no tener que solicitar esta autorización”, pero la verdad “es muy cruda”.
El ministro de Hacienda negó riesgos fiscales no contemplados por el Ejecutivo y defendió una “batalla cultural” para reivindicar a los inversionistas. La senadora Provoste (DC) aseguró estar preocupada por el “discurso de polarización” del Gobierno.
El abogado calificó como “bien problemático” el rechazo a la norma. A su juicio, evidencia una inconsistencia: un discurso de mano dura que, a la hora de tocar los resguardos financieros de los sectores poderosos, prefiere retroceder.
El diputado integrante de la Comisión Revisora cuestionó el momento escogido por los parlamentarios del Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario para presentar la acción. De todas maneras, afirmó que revisará su mérito técnico.
La exministra del Interior criticó al jefe de las finanzas públicas por insistir en que el acceso a información bancaria requiera autorización judicial. “No está apostando porque Chile tenga inteligencia de verdad”, afirmó.
El exsubsecretario del Interior aseguró que la medida propuesta por el Gobierno implicaría la construcción de cárceles y cuestionó la privación de libertad sin que se haya cometido un ilícito. “Es bien loco”, criticó.
El secretario de Estado defendió los embargos de la Tesorería General de la República a deudores del CAE con altos ingresos, atribuyó la morosidad a la “promesa” del exmandatario y aseguró que el Ejecutivo solo aplica la ley vigente.
El expresidente se expresó en redes sociales contra los cobros que está haciendo la Tesorería y recordó que la derecha se opuso a su propuesta de un nuevo sistema de financiamiento.
La propuesta del PC busca derogar disposiciones que establecen la presunción legal de legítima defensa por parte de policías y gendarmes de la norma legal promulgada en abril de 2023.
La semana pasada la propuesta registró dos empates consecutivos. Por ello, la iniciativa volvió a la Sala de la Cámara Alta, donde recibió 24 votos a favor y 24 en contra.
Victor Orellana calificó la medida adoptada por el Gobierno como “tremendamente preocupante”. Aseguró que “crea preocupación social” y “rechazo en el propio oficialismo”. Así, destacó que las políticas de condonación son las más efectivas.
Presidirá la instancia la diputada del Partido Radical y excompañera de gabinete de Grau, Marcela Hernando. En tanto, más de 50 economistas de distintas sensibilidades políticas firmaron una carta de apoyo al exministro.
Expertos convocados por la Comisión de Hacienda del Senado respaldaron las medidas para reactivar la inversión. Sin embargo, plantearon reparos a la invariabilidad tributaria, los costos fiscales y las proyecciones de crecimiento del proyecto.
Diputadas y diputados de los comités del FA, el PS, el PC y el PPD hicieron un llamado a sus pares a actuar con sensatez y no poner en riesgo el marco fiscal, la democracia, la buena fe y la reputación de Chile.
El parlamentario defendió el proyecto que extiende de cinco a 60 días el plazo de retención de migrantes con orden de expulsión. “El aumento de plazos no va a implicar una decisión total y absoluta para todos los casos”, argumentó.
El abogado afirmó que es “interesante” la decisión que el 7° Juzgado de Garantía tomó respecto a mantener la prisión preventiva de la exjueza. Por otra parte, se refirió a la resistencia de algunos legisladores a levantar el secreto bancario.
En el oficialismo no todos están convencidos de apoyar la acusación constitucional. En la oposición, el diputado Nelson Venegas (PS) apuntó a la posibilidad de que sea el Gobierno quien esté detrás de esta acción parlamentaria.
