Según explicaron desde La Moneda, la decisión busca introducir ajustes en la estructura organizacional de la Presidencia para “responder de manera más eficiente y oportuna a los requerimientos institucionales”.
En un comunicado, el ministerio informó que el titular de Defensa de Argentina, Carlos Alberto Presti, se comunicó con su par chileno, Fernando Barros, para aclarar las declaraciones del general Gustavo Valverde.
El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, señaló que lo más adecuado habría sido presentar un veto y no acudir al Tribunal Constitucional. “No estaríamos en este problema si se hubieran acordado de llamar al ministro Alvarado”, dijo.
“Evópoli no forma parte de dicha instancia ni participará de ese encuentro”, escribieron a través de un comunicado en redes sociales, luego de que se diera a conocer que personeros de Chile Vamos participarán en la cita.
El cuerpo legal debería comenzar a regir el próximo 1 de diciembre. Sin embargo, por falta de un acuerdo entre el Ejecutivo y el Senado, la agencia encargada de supervisar el tema aún no está constituida.
El parlamentario del Partido Republicano respondió a las críticas del oficialismo y defendió la reforma constitucional de seguridad como una herramienta “necesaria” para recuperar el orden en zonas afectadas por el crimen organizado.
El ministro de Seguridad, Martín Arrau, no consiguió el respaldo del senador de Democrátas, Matías Walker. En paralelo, la presidenta de la Cámara Alta y militante de RN, Paulina Nuñez, propuso sacar del proyecto el nuevo estado de excepción.
Parlamentarios de la bancada del PPD buscan levantar una comisión investigadora. Además, citar al jefe de asesores del Segundo Piso y al actual jefe de la Secretaría de Comunicaciones para que rindan cuenta por su historial con Fernando Cerimedo.
La instancia desestimó por nueve votos contra uno el requerimiento presentada por el Presidente José Antonio Kast contra el artículo 31 de la megarreforma, que obliga a reconectar gratis luz, agua y gas tras una catástrofe.
Los alcaldes de Maipú y Providencia presentaron su hoja de ruta a 30 años, descartaron el “buenismo ingenuo” y advirtieron sobre los riesgos que enfrenta la democracia liberal.
El parlamentario señaló que el Gobierno tiene que sentarse a conversar “primero con los suyos”. Apuntó a una falta de trabajo prelegislativo y dijo que “han existido críticas principalmente de los propios”.
“La soberanía de Chile sobre el Estrecho de Magallanes en su totalidad es indiscutible, y se funda en los tratados de 1881 y 1984, suscritos por ambos países”, declaró el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna
RN y Evópoli piden cambios a la iniciativa y hablan de una propuesta “iliberal”. En la oposición, el PS, PC y FA piden retirar el proyecto del Congreso. “Es innecesario y atenta contra la democracia”, declaró la timonel socialista, Paulina Vodanovic.
El académico tildó de “extremos” los dichos del ministro de Defensa y alertó que abandonar el Convenio sería “una vergüenza” para Chile. Mientras, la oposición cuestionó la falta de coordinación del Gobierno y la improvisación en política indígena.
El parlamentario criticó al Ejecutivo por recurrir al TC contra la norma que establece la reconexión gratuita de servicios básicos en zonas de catástrofe y lo acusó de tener “temor” de perseguir el dinero del narcotráfico.
La diputada y jefe de bancada gremialista defendió el proyecto de seguridad del Ejecutivo. Sin embargo, enfatizó que debe existir más diálogo con los parlamentarios para modificar el nuevo estado de excepción constitucional.
El Jefe de Estado se mostró dispuesto a revisar los 120 días del nuevo estado de excepción y precisó que las facultades quedarán definidas en una ley orgánica constitucional.
